Noticia

4 de octubre de 2017

El PSOE exige al Gobierno respuestas ante el error legal que pone en riesgo el futuro de investigadores científicos en nuestro país

El portavoz del PSOE en Sanidad, José Martínez Olmos, explica que los PGE 2017 y la Ley de Ciencia restringen la contratación indefinida de investigadores y ponen a estos profesionales en una complicada tesitura y con un pie y medio fuera de los centros de investigación

El portavoz del PSOE en el Senado, José Martínez Olmos, interpelará en el Pleno de la próxima semana al Gobierno y le exigirá una respuesta inmediata ante el error legal que pone en riesgo el futuro de decenas de investigadores científicos en nuestro país.

Olmos ha explicado que la Ley de Presupuestos Generales de 2017 incluía un artículo en el que se responsabiliza a los directores de los centros públicos de investigación de la redacción de los contratos temporales de más de tres años y de la concatenación de los contratos. Por otro lado, la Ley de Ciencia establece excepciones para estas contrataciones en universidades y organismos públicos de investigación aunque excluye a las fundaciones científicas.

José Martínez Olmos ha subrayado que “a los entes de investigación les impiden encadenar contratos laborales de investigadores y llega un momento en el que no pueden renovar a sus científicos”. Además, ha asegurado que “la gestión de las contrataciones de investigadores que se realiza en el marco de la investigación biosanitaria en este país tiene un marco normativo que impide asegurar la duración que los proyectos de investigación requiere”.

Entre las instituciones más afectadas por esta problemática están el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) y el Centro nacional de Investigaciones Cardiovasculares (CNIC). Más de cien trabajadores entre ambas fundaciones ven peligrar su futuro profesional.

Martínez Olmos se pregunta “cómo va a afrontar el Gobierno esta situación para impedir que decenas de investigadores se tengan que ir a la calle”. “Hablamos, ha concluido, de profesionales muy cualificados. Se trata, en muchas ocasiones, de los mejores expertos en la materia que investigan y sería un desastre perderlos porque no es fácil sustituirles. Es necesario exigir al Gobierno respuestas inmediatas. No hacemos más que recoger la preocupación de decenas de investigadores y de profesionales del ámbito de la sanidad”.

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