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Elvira Ramón exige al Gobierno garantizar el cumplimiento de la Ley y financiar adecuadamente la Dependencia

El gobierno del PP ha atacado y debilitado el Sistema de la Dependencia con sus reformas y recortes presupuestarios que ha llevado a cabo”, denuncia la portavoz de Políticas Sociales, Elvira Ramón

La Comisión de Sanidad el Congreso ha aprobado hoy, con el voto en contra del PP, una proposición no de ley sobre la financiación del Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia  en la que se exige al Gobierno que garantice el cumplimiento de la Ley y que se dote al sistema de los recursos necesarios para una financiación finalista.

En la iniciativa se contempla que “las aportaciones de la Administración General del Estado por los niveles de financiación mínimo y acordado deberán ser equivalentes a las realizadas por las CCAA” y se pide que, en los próximos Presupuestos Generales del Estado, se incluya el incremento de la dotación del nivel mínimo, el aumento de las cuantías que la Administración General del Estado abona a las CCAA por cada persona atendida, la recuperación del nivel acordado hasta alcanzar los niveles de 2011, y una dotación presupuestaria para financiar las cotizaciones a la Seguridad Social de las cuidadoras no profesionales.

La portavoz socialista de Servicios Sociales, Elvira Ramón, ha denunciado “la falta de financiación del Sistema” y ha urgido al Gobierno a “financiar adecuadamente” el Sistema de  la Dependencia para “restablecer los derechos y recortes que el Gobierno del PP ha hecho durante estos años”, “eliminar la lista de espera”, así como “reponer la cotización a la SS de las cuidadoras no profesionales”.

“Las leyes están para ser cumplidas y el gobierno de PP no está cumpliendo la Ley de Dependencia”, ha denunciado la portavoz socialista, para quien el balance de los últimos años de gobierno del PP “no puede ser más desolador”. “El gobierno del PP ha atacado y debilitado el sistema con sus reformas unilaterales y con los recortes presupuestarios que ha llevado a cabo”, ha insistido. “Esta Ley tuvo un gran consenso y cualquier modificación ha de hacerse con el mismo consenso y en el seno del Consejo Territorial”, reclamó.

“Demoraron el periodo de implantación de la Ley, paralizaron el calendario de aplicación y eliminaron la partida correspondiente al nivel acordado de 283 millones; el RD 2012 introdujo modificaciones en la regulación de forma unilateral; se ha reducido un 13% la aportación de la Administración general del Estado para la financiación del nivel mínimo; se ha producido un recorte del 15 % en la prestación económica para cuidados en el entorno familiar; se han eliminado las cuotas a la Seguridad Social de las cuidadoras no profesionales, que afecta a unas 180.000 personas; además de introducir una serie de incompatibilidades entre las prestaciones que el sistema reconocía, así como el incremento del copago”, ha enumerado.

Elvira Ramón ha incidido en que “ha habido un gran retroceso en la financiación estatal del sistema -2.000 millones de euros menos, cuando se está atendiendo a más personas-, mientras que también ha caído la aportación finalista de la Administración General del Estado y se ha incrementado la aportación de las CCAA, que están soportando ya más del 80% de la financiación”.

Por eso, “es necesario modificar el sistema de financiación, mantener el carácter finalista y tener en cuenta coste de los servicios y prestaciones”, resumió

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