Noticia

12 de julio de 2011

La juez aprecia indicios de prevaricación por parte del alcalde de Otura (PP) y de su anterior equipo en la ampliación del Ayuntamiento

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 2 de Santa Fe dicta auto de procedimiento abreviado y sitúa a un paso del banquillo al regidor del PP y a todo su gobierno municipal del pasado mandato, la mayoría de cuyos concejales siguen al frente del Consistorio

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 2 de Santa Fe ha transformado en procedimiento abreviado las diligencias previas abiertas contra el alcalde de Otura, Ignacio Fernández-Sanz (PP), y su anterior equipo de gobierno, al apreciar indicios de un delito de prevaricación en la ampliación del edificio consistorial.

En concreto, la juez advierte tras la instrucción que los imputados, en calidad de Presidente y miembros de la Corporación Local, votaron a favor de la adquisición de un inmueble para la ampliación a sabiendas presuntamente que “se abonaría por él una cantidad superior a su valor de mercado -según tasación del propio técnico municipal- y que la compraventa se financiaba con fondos provenientes del Patrimonio Público (actuación expresamente prohibida por las normas administrativas vigentes)”.

El auto judicial también señala que los imputados conocían de la existencia de una oferta por parte del propietario de otro inmueble colindante al Ayuntamiento “que podría resultar más ventajosa en atención a datos como son mayor superficie y mejor situación e igual precio de venta ofertado”.

La juez añade que el alcalde y su equipo “votaron a favor de la aprobación del expediente de contratación, mediante el procedimiento negociado sin publicidad, los pliegos de cláusulas y la adjudicación del contrato a favor del titular del inmueble (situado en la calle Cruz de Otura), a sabiendas presuntamente de la existencia de informes técnicos y documentos técnico-valorativos contarios a tal actuación”.

Una actuación del alcalde del PP que la propia juez tacha en su auto de “arbitraria y dictada a sabiendas de su injusticia apreciándose presuntamente una conciencia clara de la ilegalidad y de la arbitrariedad de la decisión”, por lo que los hechos instruidos presentan, a su juicio, “los caracteres de un presunto delito de prevaricación castigado en el Código Penal con penas de inhabilitación especial para empleo o cargo público”.

De la investigación judicial también se desprende que con anterioridad a la votación para la adquisición del inmueble, “los miembros de la Corporación presuntamente conocían los informes relativos a la materia sometida a votación (entre ellos, el informe del arquitecto técnico municipal de 15 de octubre de 2007, el informe de la interventora de 18 de octubre de 2007 y los informes del secretario de ayuntamiento de 18 de octubre de 2007 y de 24 de octubre de 2007,) y la normativa administrativa en relación al destino de fondos del patrimonio público del suelo”, continúa el auto.

“El campeón de los líos judiciales”

Desde el PSOE de Otura lamentan que el PP vuelva a ser “el protagonista de un nuevo capítulo de corruptelas” en el municipio y plantean a Fernández-Sanz si acaso se siente orgulloso de ser “el campeón de los líos judiciales en la provincia de Granada”.

Los socialistas consideran “muy grave” que tanto el alcalde, como el resto de implicados en el caso (la mayoría ocupa en la actualidad puestos en el equipo de gobierno del PP) “estén imputados por actuar a sabiendas de su manifiesta ilegalidad y que lo hagan despreciando cuantos informes desfavorables se emitían por los técnicos del Ayuntamiento, todo ello con la bendición de la dirección provincial y regional del PP”.

“Arbitraria, injusta y con una conciencia clara de ilegalidad, son algunos de los calificativos con los que el propio auto judicial describe la actuación del alcalde de Otura”, ha incidido el secretario de Organización de los socialistas en el municipio, Nazario Montes, quien ha preguntado a Fernández-Sanz “si acaso justificará su actuación en este caso con la misma salida de tono que empleó ante la Guardia Civil: soy el alcalde y hago lo que me sale de los cojones”.

Montes ha recordado que Fernández-Sanz tiene aún múltiples cuentas pendientes ante la justicia por actuaciones tan “caciquiles” como la de negarse a facilitar información a la oposición, por lo que se pregunta si entre juicio y juicio le quedará algún rato al alcalde del PP para dedicarse a la gestión de su pueblo.

Además del alcalde, están imputados en el caso por un delito de prevaricación María Antonia López Bascuñana (concejala del PP en el anterior mandato), Ignacio Pérez Cabrera (actual concejal del PP y teniente de alcalde), Pedro Luis Francisco Cabanillas (actual concejal del PP), María Dolores Dobaño (actual concejala del PP), y los exconcejales por el GIO Jorge Peregrín, Eduardo Anguita y Antonio Velasco.

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