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El PSOE acusa a la gerente de Visogsa de un presunto delito societario

El portavoz socialista afirma que la gerente, persona de la máxima confianza de Sebastián Pérez, falseó documentos al adoptar medidas para las que no tenía competencias

La directora gerente de Visogsa, María José Arias Garcia, persona de máxima confianza de Sebastián Pérez, ha despedido a empleados, ha modificado la plantilla de personal y ha contratado con empresas sin tener autorización del consejo de administración, actos que podrían constituir un presunto delito societario. Así lo ha afirmado esta mañana el viceportavoz primero del grupo socialista de la Diputación, Gerardo Sánchez, quien ha asegurado que la directora gerente de Visogsa “ha adoptado medidas sin tener competencias para ello, falseando documentos públicos al asegurar que se trataba de acuerdos del consejo de administración cuando esos acuerdos son inexistentes”.

El representante socialista ha enumerado algunas medidas adoptadas por Visogsa sin la autorización del consejo de administración. Según Gerardo Sánchez, el pasado 22 de septiembre, un trabajador de Visogsa remitió un escrito a varios ayuntamientos de la provincia firmando como director de Expansión, cuando su nombramiento no se había aprobado, puesto que se produjo en la reunión del consejo de administración del 8 de noviembre.

Además, ha añadido Sánchez, el pasado 3 de noviembre, la gerente comunicó a la trabajadora de la empresa que realiza las tareas de limpiadora, que el consejo de administración había decidido despedirla, externalizar el servicio de limpieza y contratarlo con Limpiezas Castor. Según el diputado socialista, el consejo de administración nunca ha tratado el asunto y la gerente, en esa fecha, no tenia competencias ni para despedir a una trabajadora ni para externalizar el servicio, ni para contratar a la empresa de limpieza.

Pero además, según ha subrayado el viceportavoz primero del grupo socialista, el pasado 3 de octubre la directora gerente ha comunicado a trabajadores de la empresa ceses en sus responsabilidades y nuevas adscripciones laborales, acogiéndose a acuerdos del consejo de administración, acuerdos “que no existían y que no se produjeron hasta el 8 de noviembre”.

“Las decisiones adoptadas por la directora gerente de Visogsa pueden considerarse inválidas y pueden tener graves repercusiones económicas para Visogsa”, ha señalado Sánchez, quien ha recordado que la empresa tenía en 2010 un presupuesto de 40 millones de euros. En su opinión,“ estamos ante gravísimas irregularidades cometidas por la responsable de la gestión de Visogsa, que desprecia al consejo de administración adoptando decisiones para las que no es competente y causando perjuicios económicos a la empresa Pública y originando un grave deterioro a su imagen”.

El diputado socialista ha asegurado que la actuación de la directora gerente “era conocida y consentida por la consejera delegada de Visogsa y vicepresidenta de la Diputación, Luisa García Chamorro, y por el presidente de la sociedad y presidente de la Diputación, Sebastián Pérez, que han intentado tapar las graves irregularidades con un incremento de las competencias de la gerente y con la aprobación de la modificación de la plantilla de personal, aprobada en la reunión del consejo de administración el pasado 8 de noviembre”. En esa reunión, la segunda que se celebra en este mandato (la primera fue para nombrar a la directora gerente), según Gerardo Sánchez, se acordó otorgar amplios poderes a la gerente que deja sin competencias al consejo de administración, convirtiéndolo en un órgano de control, más que un órgano de decisión, “para ocultar todos las acuerdos adoptados irregularmente por la gerente”.

Ante la grave situación, el grupo socialista de la Diputación ha solicitado esta misma mañana la celebración de un consejo de administración urgente de Visogsa para exigir el cese inmediato de la gerente y la investigación de todas las medidas adoptadas por esta señora durante los  meses que ha dirigido la empresa. Gerardo Sánchez ha reclamado “que la consejera delegada y el presidente de la Diputación expliquen las razones por las que han permitido estos hechos y por las que han intentado taparlo”. También ha pedido que el consejo de administración revise de oficio todos esos acuerdos que no tienen ninguna cobertura legal y que “exija responsabilidades políticas, administrativas y judiciales ante esos graves irregularidades, incluida la denuncia de los hechos a los juzgados”.

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