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El decretazo de Rajoy obliga a pagar el 50% del tratamiento ambulatorio que se recibe en hospitales

La medida afectará a pacientes oncológicos, de hepatitis, VIH, psoriasis o procesos hematológicos, entre otros

Martínez Olmos: “La medida incorpora barreras reales que perjudican la salud de muchos porque habrá personas que por razones económicas decidirán no acceder a esos servicios”

“El decretazo del Gobierno del PP perjudica a todos los españoles. Que no utilicen a los inmigrantes como cortina de humo para ocultar su auténtico alcance, porque perjudica a pensionistas, pero también a pacientes de enfermedades raras, pacientes oncológicos, pacientes crónicos…”. Así lo ha afirmado hoy el diputado socialista José Martínez Olmos, portavoz de Sanidad en el Congreso, al explicar el impacto que van a tener en Granada las medidas de Rajoy.

Según el representante socialista, el Real Decreto aprobado por el PP introduce una novedad, según la cual hay que pagar el 50 por ciento de los medicamentos que se reciben ambulatoriamente en los hospitales para quienes tengan unos ingresos de entre 18.000 y 100.000 euros al año. “Esto afecta a pacientes que van a los hospitales a recibir tratamientos oncológicos de forma ambulatoria, o por hepatitis C o por sida, por psoriasis, por procesos hematológicos, como puede ser la hemofilia, o por esclerosis múltiple”, ha precisado Martínez Olmos, quien ha subrayado que esos pacientes con enfermedades graves, que reciben medicación ambulatoria vital para su supervivencia, “tienen que pagar por esa medicación”.

El portavoz de la Comisión de Sanidad en el Congreso ha explicado con ejemplos concretos cómo las medidas del PP afectan a toda la ciudadanía, perjudican a las personas que tienen más necesidad, a los enfermos y aquellos que tienen menos ingresos. En este sentido, ha destacado que en Granada 265 pacientes reciben tratamiento ambulatorio por hepatitis C, un tratamiento que puede costar 2.500 euros mensuales. Otros 1.300 pacientes son atendidos de VIH sida, con una medicación que cuesta de 800 a 1.000 euros mensuales. También tendrán que pagar parte del tratamiento ambulatorio los 1.374 pacientes oncológicos que hay en Granada, o los 313 pacientes con enfermedades hematológicas, cuyos tratamientos en algunos casos suponen más de 1.000 euros al mes.

Para el representante socialista, “hay personas con nombres y apellidos que todos los días reciben atención ambulatoria en los hospitales”, por lo que el decretazo “supone un paso atrás en la accesibilidad a tratamientos que son muy importantes y, en algunos casos, pueden suponer una barrera real para el acceso a la atención sanitaria”.

Martínez Olmos ha subrayado que también se establece el copago por el uso del transporte sanitario no urgente. “Todos los días en Granada unos 1.500 ciudadanos se desplazan desde sus domicilios hasta los servicios sanitarios en transporte no urgente, de los cuales unos 350 lo hacen para hemodiálisis, otros, para recibir tratamiento oncológico o para rehabilitación”, ha indicado.

A juicio de Martínez Olmos, el decretazo supone un cambio de modelo en el que “no todos los ciudadanos están protegidos por el Sistema Nacional de Salud”. “Un cambio que incorpora barreras reales que pueden perjudicar la salud de muchos porque habrá personas que por razones económicas decidirán no acceder a los servicios sanitarios que le tienen prescritos sus profesionales sanitarios”, ha afirmado.

Para el diputado, el decreto ley rompe el modelo sanitario, la universalidad y el consenso que había entre el PSOE y el PP. “Hasta ahora todos los ciudadanos españoles tenían derecho a la atención sanitaria; a partir del decretazo, para tener derecho a la atención sanitaria tienen que ostentar la condición de asegurados, no la condición de ser españoles”, ha señalado. A juicio del diputado, “eso significa que damos un paso atrás hasta el franquismo, donde era la condición de asegurado la que permitía tener acceso a la sanidad pública”.

Para Martínez Olmos, el decretazo supone una vuelta al modelo de beneficencia, “porque colectivos mayores de 26 años que no hayan cotizado nunca, y que pudieran tener ingresos por encima del salario mínimo, no tienen asegurada la cobertura sanitaria, al igual que las mujeres separadas que no hayan cotizado nunca y que tengan ingresos superiores al salario mínimo interprofesional o colectivos de religiosas que no hayan cotizado nunca”. “Estos colectivos tienen que demostrar que sus ingresos son menores el salario mínimo interprofesional para tener garantizado su derecho”, ha agregado.

El diputado socialista ha anunciado que el PSOE estudia presentar un recurso de inconstitucionalidad contra el decreto porque “consideramos que afecta a derechos fundamentales de los ciudadanos”.

Martínez Olmos ha tachado la medida de “auténtica chapuza” y lamenta que pretendan taparla con la excusa del gasto de los inmigrantes sin papeles, “cuando es poco lo que este colectivo gasta, poco lo que consume y, sobre todo, estamos ante un derecho fundamental de todas las personas”.

El representante socialista ha asegurado que, tal y como han advertido ya algunos colectivos profesionales, la decisión de quitar la tarjeta sanitaria a la población inmigrante irregular -en Granada afectaría a unas 4.000 ó 5.000 personas- provocaría el colapso de los servicios de urgencias hospitalarias.

“No hay un solo colectivo profesional que haya dicho públicamente que este decretazo supone una mejora para el sistema de salud”, ha aseverado Martínez Olmos, quien ha dicho que las medidas adoptadas están pensadas “para darle tranquilidad a los mercados”.

De hecho, ha barruntado como “algo más que probable” que dentro de poco “vengan más recortes sanitarios, porque es difícil que el Gobierno pueda conseguir el ahorro previsto y la previsión de reducción del déficit público”.

Para el diputado socialista “hay alternativas que permitirían ahorrar recursos al Sistema Nacional de Salud sin afectar a la calidad asistencial, sin afectar los derechos de los ciudadanos y sin disminuir las prestaciones a las que han tenido acceso hasta hoy los ciudadanos españoles”.

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