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El PSOE pide el apoyo del PP en Diputación para frenar el desmantelamiento de los servicios sociales comunitarios

El grupo socialista denuncia recortes de hasta el 67% en la aportación estatal a estas prestaciones, que reciben 110.400 granadinos y que emplea a otras 4.330 personas en la provincia

El grupo socialista de la Diputación Provincial de Granada llevará al próximo pleno de la corporación una moción en la que pedirá el apoyo del resto de fuerzas políticas (PP e IU) para frenar el desmantelamiento de la red de servicios sociales comunitarios que prestan los ayuntamientos, tras sufrir recortes en dos años de casi el 70 por ciento aplicados por el Gobierno central.

Unos servicios que se financian a través de un plan concertado entre Gobierno de España, Junta de Andalucía, diputaciones y ayuntamientos de más de 20.000 habitantes, con una vigencia de más de dos décadas, y que incluye prestaciones tan sensibles como las ayudas de emergencia en caso de extrema necesidad o la ayuda a domicilio que se ofrece al margen de la Dependencia.

La diputada provincial socialista Fátima Gómez ha explicado que mediante la moción se pretende que la Diputación de Granada inste al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad a que consigne a estos centros en el presupuesto de 2013 la misma financiación estatal que recibían en 2011, indispensable para su mantenimiento.

Según ha explicado la representante socialista, a partir de 2011, tras el acceso del PP al Gobierno de España, la aportación estatal al plan concertado “cae en picado” con un descenso en dos años del 67 por ciento. Así, la provincia de Granada ha pasado de recibir del Estado unos 2.133.199 euros en 2011, a obtener tan sólo 699.741,79 euros, una cuantía “testimonial” que evidencia, a juicio de la diputada, que el Ejecutivo central “quiere cargarse de un plumazo estos servicios”.

Para Fátima Gómez, “los servicios sociales están de luto, por lo que la ciudadanía no puede permanecer impasible ante medidas de tal calibre, que precisamente inciden en las prestaciones más básicas a las personas que más lo necesitan”.

No hay que olvidar, ha añadido, que el plan concertado nace de un “esfuerzo” conjunto entre el Estado y la Junta de Andalucía, que precisamente aporta la mayor parte y que a pesar de la situación económica de crisis ha mantenido sus aportaciones. De hecho, sólo para la provincia de Granada, la administración autonómica destina al plan concertado 4.774.706,22 euros.

Fátima Gómez ha acusado al Gobierno de Rajoy de pretender desmantelar los servicios sociales comunitarios y ha preguntado qué va a hacer al respecto el PP de Granada. “El PP gobierna la Diputación y puede contribuir a parar este desastre”, ha señalado la representante socialista, que espera que el presidente del PP y de la Diputación, Sebastián Pérez, no consienta “sumisamente” que el Gobierno de Rajoy “maltrate a la Diputación, maltrate a los ayuntamientos que prestan estos servicios, así como a los profesionales y usuarios que dependen de ellos”.

En este sentido, ha precisado que sólo en Granada 110.424 personas se benefician de estos servicios y otros 4.335 granadinos trabajan en este ámbito. “¿Qué hará el PP granadino para impedir que estas personas sufran los recortes en prestaciones tan básicas?”, ha planteado.

Gómez ha criticado el “doble discurso” de Sebastian Pérez, que “dice una cosa y hace la contraria”. Por una parte, ha afirmado, “se fotografía con asociaciones sin ánimo de lucro, pretendiendo ser benefactor, pero por otra, ampara que los servicios públicos esenciales que presta la institución provincial desaparezcan lentamente y estén seriamente amenazados con las políticas que lleva a cabo el PP”.

“¿Cómo puede pasearse la diputada responsable en la materia, Marta Nievas, por los centros sociales comunitarios y no saber qué responder cuando los trabajadores le preguntan por su futuro?”, ha preguntado la diputada socialista, quien ha asegurado que Nievas “sí lo sabe, pero no dice la verdad”.

Por ello, el grupo socialista de la Diputación pedirá al Pleno que apoye instar al Estado a que siga manteniendo el plan Concertado de Servicios Sociales Comunitarios en los niveles del 2011 y que deje de recortar en políticas de bienestar social, “porque es aquí donde se necesita ahora más que nunca dar la cara”.

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