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El PSOE llevará mociones a todos los ayuntamientos en contra del ‘tasazo’ judicial

“El PP consuma el objetivo que se marcó al inicio de esta legislatura, que es implantar una salud para ricos, una educación para ricos y, ahora, una justicia para ricos” afirma la diputada socialista Elvira Ramón

El PSOE de Granada presentará mociones en todos los ayuntamientos de la provincia en contra del ‘tasazo’ judicial. Así lo ha anunciado la diputada socialista y vocal en la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados, Elvira Ramón, quien ha mostrado el frontal rechazo de los socialistas a la nueva ley de tasas judiciales.

“El PP va consumando el objetivo que se marcó al inicio de esta legislatura, que es implantar una salud para ricos, una educación para ricos y una justicia para ricos”, ha señalado la diputada socialista. Para Elvira Ramón, se trata de “la peor ley que aprueba el PP y la más injusta porque produce una absoluta indefensión ciudadana”.

La representante del PSOE ha recordado que la ley obliga a pagar tasas en todos los procesos civiles, contenciosos administrativo y social y que solamente quedan fuera del ámbito de aplicación las jurisdicciones penal y militar. Elvira Ramón, quien ha subrayado que el gobierno socialista suprimió las tasas judiciales en 1986, ha indicado que el PSOE va a recurrir la ley ante el Tribunal Constitucional “porque rompe el principio de igualdad que contempla la Constitución española y vulnera la tutela judicial efectiva”.

La diputada socialista ha recalcado que las tasas fijas se sitúan en una horquilla que va desde los 150 a los 1.200 euros, a los que habría que sumar entre un 0,25 por ciento y un 0,50 por ciento de la cuantía procesal, es decir, del interés económico del pleito. Para explicar el alcance del ‘tasazo’, ha destacado algunos ejemplos. Así, ha señalado que un pleito por una negligencia médica por parto, en la que unos padres reclaman la cantidad de 600.000 euros de indemnización porque su hijo ha sufrido daños cerebrales, les costará a los demandantes 11.300 euros si tuvieran que llegar al Tribunal Supremo.

También ha señalado que una persona que reclame a una compañía aseguradora 1,3 millones de euros por invalidez a causa de un accidente de tráfico tendría que pagar 6.050 euros para interponer la demanda; si tiene que recurrir en apelación, tendría que desembolsar otros 6.550 euros y si tuviese que llegar al Tribunal Supremo tendría que pagar otros 6.950 euros, con lo que la reclamación ascendería a 19.550 euros.

Elvira Ramón se ha referido además a la incidencia que va a tener el ‘tasazo’ en la provincia, donde en la jurisdicción contencioso administrativo, por ejemplo, se registran una media de 4.400 casos al año. Así, según la diputada, en 2010 se registraron en Granada 4.477 casos y 1.669 recursos de apelación, que tienen una tasa fija de 800 euros. Ha destacado, además, que en la sala de lo social se presentaron en 2010 un total 3.144 casos, de los cuales 3.094 eran recursos de suplicación, que tienen una tasa fija de 500 euros, mientras que en los juzgados de familia registraron 3.120 casos, de los que sólo están exentos de pago los de custodia y guarda de hijos.

El grupo parlamentario socialista ha registrado en el Congreso un total de 11 proposiciones no de ley en las que se insta al Gobierno a que suprima la aplicación de las tasas a personas en situación de dependencia, a víctimas de violencia de género y en determinados supuestos tales como los procesos de separación y divorcio, a víctimas de siniestros de tráfico, en las reclamaciones de responsabilidad civil por daños personales y, en concreto, por negligencias médicas, entre otros.

Por su parte, la parlamentaria socialista y portavoz de la Comisión de Justicia e Interior en la cámara andaluza, Nieves Masegosa, ha avanzado que su formación ha presentado una proposición no de ley que se debatirá en breve en la que se pide la derogación “íntegra” de una ley que ha tachado de “claramente recaudatoria y totalmente discriminatoria”. Se trata, a su juicio, de una reforma “puramente ideológica” a pesar de los intentos del ministro de Justicia de maquillarla que además, ha añadido, no solucionará la situación y los problemas de los juzgados.
La representante socialista ha reconocido además al ministro Gallardón su capacidad para poner a todos los colectivos del ámbito judicial en contra de su iniciativa tanto funcionarios, abogados, procuradores, jueces o asociaciones de consumidores.

“Desde el PSOE vamos a seguir trabajando por la igualdad de oportunidades de todos los ciudadanos y vamos a pedir en el Parlamento que se derogue esta ley de tasas porque supone un paso atrás en los derechos constitucionales de los ciudadanos”, ha concluido.

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