Noticia

11 de diciembre de 2012

El PSOE trasladará al Congreso de los Diputados el malestar y el rechazo del Colegio de Abogados de Granada al ‘tasazo’ judicial

El grupo parlamentario socialista se reúne con la Junta de Gobierno de los abogados granadinos para analizar una normativa que tachan de “injusta y recaudatoria”

El grupo parlamentario socialista por Granada trasladará al Congreso de los Diputados el malestar y el rechazo del Colegio de Abogados a la nueva ley de tasas judiciales, que consideran una medida “injusta, recaudatoria y un ataque directo al derecho de defensa”.

Así lo han expresado durante una reunión celebrada a petición del grupo parlamentario socialista, que quiere recabar las opiniones y las inquietudes de los distintos colectivos afectados por la implantación del ‘tasazo’ para trasladarlas al Congreso de los Diputados.

La diputada socialista y vocal de la Comisión de Justicia del Congreso Elvira Ramón ha informado a la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados sobre todas las iniciativas que ha presentado el grupo parlamentario socialista en la cámara baja en contra del ‘tasazo’ judicial.

El PSOE ha registrado en el Congreso un total de 11 Proposiciones no de Ley en las que se insta al Gobierno a que suprima la aplicación de las tasas a todas las personas físicas, junto a otras iniciativas más específicas en la que solicita la anulación del copago judicial a personas en situación de dependencia, a víctimas de violencia de género y en determinados supuestos tales como los procesos de separación y divorcio, a víctimas de siniestros de tráfico, en las reclamaciones de responsabilidad civil por daños personales y, en concreto, por negligencias médicas, entre otros.

Además, les ha explicado otras iniciativas que se están llevando a cabo en instituciones como ayuntamientos y diputaciones, donde los grupos socialistas están presentando mociones para que las corporaciones se pronuncien sobre el ‘tasazo’ e insten al Gobierno a rectificar. La representante socialista ha incidido también el recurso de inconstitucionalidad que prepara el grupo parlamentario y que será presentado ante el TC próximamente.

Los representantes socialistas han trasladado también que el grupo socialista en el Parlamento andaluz ha presentado una Proposición no de Ley que se debatirá en breve en la que se pide la derogación “íntegra” de una ley que el PSOE considera “claramente recaudatoria y totalmente discriminatoria”.

Por su parte, el decano del Colegio de Abogados de Granada, Eduardo Torres, ha manifestado en el encuentro con el grupo parlamentario socialista que la Ley de Tasas aprobada por el Ministerio de Justicia es “el más claro ataque al derecho de defensa desde que existe la Constitución” y, sobre todo, “un ataque clarísimo y directo a las clases más desfavorecidas y a los ciudadanos de a pie”, que verán seriamente comprometida la posibilidad de acceder a la tutela judicial efectiva.

Eduardo Torres ha recordado que la Abogacía granadina ya ha dejado claro su rechazo frontal a esta ley “injusta” con la participación en dos manifestaciones frente a las puertas del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y que la oposición a la Ley de Tasas se ha demostrado también con la colocación de una pancarta en el exterior de la sede colegial y la distribución de pliegos de firmas en todas las sedes judiciales. Además, el Colegio ha facilitado a todos los letrados un documento para que en sus presentaciones y contestaciones de demandas ante los Tribunales soliciten por otrosí la petición de un recurso de inconstitucionalidad contra la ley.

El decano de los abogados granadinos ha reiterado que la Ley de Tasas “lesiona los derechos constitucionales de los ciudadanos” y ha criticado “el argumento falso” de que con la recaudación de las tasas se pagará la Justicia Gratuita. “La Justicia Gratuita es un derecho fundamental que hay que pagar con los Presupuestos Generales del Estado”, ha argumentado Eduardo Torres, quien ha criticado además que el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, no haya contado con la Abogacía para negociar una legislación que afecta a todo el conjunto de la ciudadanía y, lógicamente, al colectivo de abogados

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