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El Gobierno impone el copago en medicamentos a más de 3.000 pacientes granadinos con tratamientos por cáncer

Más de 1.500 enfermos usan al día el transporte en ambulancia para recibir tratamiento, lo que supondrá un coste total para los pacientes de entre 6 y 12 millones de euros al año

Más de 3.000 pacientes granadinos con tratamientos oncológicos tendrán que pagar por los fármacos que reciben de manera ambulatoria en hospitales y centros de salud. Un copago impuesto por el Gobierno de Rajoy que también repercutirá en los medicamentos correspondientes a otros tratamientos crónicos por enfermedades como la hepatitis C, que llegan a alcanzar costes de hasta 2.400 euros mensuales.

Así lo ha denunciado el diputado socialista y portavoz del PSOE en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales el Congreso, José Martínez Olmos, que ha precisado que en este último caso, los tratamientos por hepatitis C, afectan a unos 300 pacientes de Granada.

De esta manera, todos los pacientes que reciben medicamentos de manera ambulatoria en hospitales y centros de salud tendrán que abonar cuatro euros cada vez que adquieran los fármacos. El diputado socialista ha recordado que el PSOE ya anticipó que la ministra de Sanidad iba a imponer el copago en los medicamentos que se dispensan ambulatoriamente en los hospitales, “algo que negó el PP y que ahora implanta por la puerta de atrás en el real decreto de sostenibilidad de las pensiones, que no tiene nada que ver con temas sanitarios, que aprobó hace dos sábados el Gobierno de Rajoy y que fue ratificado ayer en las Cortes Generales”.

A ello se suma, además, la decisión de imponer copago en el transporte sanitario no urgente. “Las ministra de Sanidad no sabe qué es ir en ambulancia para recibir un tratamiento de quimioterapia o de hemodiálisis, como si fuera una decisión individual de los ciudadanos querer ir en una ambulancia para recibir tratamiento”, ha agregado.

Según Martínez Olmos, en Granada 1.500 ciudadanos se desplazan diariamente en ambulancia, de manera programada, para recibir diferentes tratamientos. “Esos pacientes que se desplazan en ambulancia de forma programada, por indicación médica, van a tener un copago que va de 10 a 60 euros mensuales en función de su renta personal, lo que va a suponer para los pacientes granadinos entre 6 millones y 12 millones de euros anuales”, ha explicado.

Martínez Olmos ha incidido en que el Gobierno del PP ha impuesto el copago farmacéutico, el copago en medicamentos de dispensación ambulatoria por los hospitales y el copago en el transporte sanitario, pero también ha anunciado el copago en las prótesis y en la dietoterapia. Unas medidas que pueden suponer para los pensionistas afectados hasta un 15 por ciento de su salario mensual, ha apuntado el diputado socialista, que ha tachado las decisiones del PP en este sentido de “atraco” a la capacidad económica de los pensionistas. “La ministra Ana Mato y el Gobierno del Partido Popular perjudican la salud de los ciudadanos de España con sus decisiones”, ha apostillado.

De hecho, el representante socialista ha asegurado que ya es una realidad en los servicios sanitarios o en las oficinas de farmacia que los ciudadanos, especialmente los pensionistas con enfermedades crónicas, empiezan a no adquirir determinadas medicinas cuando se acerca el final de mes y no pueden atender sus necesidades.

Martínez Olmos ha denunciado que estas políticas están contribuyendo a incrementar la desigualdad ante la salud y ha recordado que la propia sociedad, a través de los sondeos habituales que realizan instituciones como el  Centro de Investigaciones Sociológicas, sitúan por primera vez a la sanidad pública entre sus primeras preocupaciones.

“Después de once meses del Gobierno de Mariano Rajoy, ha afirmado, es evidente que los ciudadanos españoles tienen que pagar más por todo lo que reciben de la sanidad pública, pero también que reciben menos de la sanidad pública”.

En su opinión, las decisiones del Gobierno en materia sanitaria están suponiendo unos “sacrificios inaceptables” desde el punto de vista de la salud de las personas. Unos sacrificios, ha dicho, que “no sirven para nada, porque se comprueba que no consiguen ni los objetivos de control del déficit público ni la creación de empleo”. “Tenemos que decir basta ya de golpear a la población en general y, sobre todo, a las necesidades sanitarias de pacientes crónicos y pensionistas”, ha señalado el diputado socialista, que ha anunciado que su formación pedirá la retirada de estas medidas.

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