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El PSOE advierte de que las tasas judiciales siguen siendo “desproporcionadas e inconstitucionales” a pesar de la modificación

El grupo parlamentario socialista por Granada ha denunciado hoy que la modificación de la Ley de Tasas Judiciales por parte del Gobierno resulta “totalmente insuficiente” y ha advertido de que las tasas siguen siendo “desproporcionadas e inconstitucionales” pese a la rectificación del PP.

Así lo ha señalado en rueda de prensa la diputada socialista y vocal en la Comisión de Justicia del Congreso Elvira Ramón, que ha asegurado que no se modifica el ámbito de aplicación de la ley, que sigue afectando a las personas físicas y a las pequeñas y medianas empresas. Con carácter general, se mantienen las cuantías de las cuotas fijas, que siguen siendo “excesivas y desproporcionadas” y se modifica únicamente la parte variable de la tasa, que pasa del 0,5 por ciento a un 0,10 por ciento de la cuantía del pleito, ha explicado la representante socialista.

Ramón ha afirmado que sólo se modifica la cuota fija en los recursos contencioso-administrativos contra resoluciones sancionadoras pecuniarias, en cuyos casos el importe de la tasa fija y variable no podrá exceder del 50 por ciento del importe de la multa. Sin embargo, la diputada socialista ha aludido a supuestos en los que el importe de la tasa va a condicionar el ejercicio del derecho a la Justicia. Así, se ha referido a una multa de tráfico de 100 euros, que obliga a abonar una tasa de 50 euros, cantidad equivalente al importe de la multa si se abona en el periodo voluntario establecido.

Pese a la reducción en la cuantía variable de las tasas, éstas siguen siendo “desproporcionadas”, según Elvira Ramón, que ha apuntado como ejemplo que la cuota variable en personas jurídicas, incluso medianas y pequeñas empresas, permanece invariable.

En este sentido, por interponer una demanda civil ordinaria de reclamación de 10.000 euros, una persona física tenía antes que pagar 300 euros de la cuota fija y 50 euros de la cuota variable de la tasa. Ahora, con la reforma, seguirá pagando 300 euros de la cuota fija y 10 euros de cuota variable, es decir, un 11,42 por ciento menos y no un 80 por ciento menos como anuncia el Ministerio de Justicia.

Además, el propio Gobierno reconoce que esta modificación apenas va a afectar a la recaudación prevista, cuya disminución se estima en tan sólo un 5 por ciento.  “Se trata de una reducción engañosa”, ha denunciado la diputada socialista.

Elvira Ramón ha incidido en que se sigue manteniendo de forma generalizada el pago de tasas para acceder a la Justicia a todos los ámbitos, excepto el penal y el militar, lo que resulta especialmente cuestionable respecto a la defensa de los derechos de los trabajadores en el orden jurisdiccional social. Se corre además el riesgo de que muchos asuntos civiles terminen en la jurisdicción penal para eludir el pago de las tasas, ha advertido la representante socialista.

“De chapuza en chapuza, las modificaciones de la Ley de Tasas no resuelven los problemas que el Gobierno del PP ha generado con la Ley”, ha afirmado.

En opinión de la diputada socialista, se ha implantado “una justicia para ricos que no va a aliviar la carga de trabajo de los órganos judiciales”. “La ley no va a arreglar ninguno de los principales problemas que aquejan a la Administración de Justicia, ni va a resolver la altísima litigiosidad de Andalucía, ya que la rebaja del volumen de litigiosidad no puede hacerse a costa de excluir de este servicio público a una parte importante de la ciudadanía”, ha criticado.

Pese a las modificaciones introducidas, para el PSOE se mantienen vigentes los motivos para la interposición del recurso de inconstitucionalidad contra la normativa “porque continúa vulnerando el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva y el principio de igualdad consagrados en la Constitución Española”.

“Las tasas siguen limitando el acceso de la ciudadanía al servicio público de Justicia por cuestiones económicas, afectando de forma muy significativa  a gran parte de la ciudadanía, a las clases medias que no pueden beneficiarse de la Justicia gratuita y no disponen de grandes  recursos ni rentas para defender sus derechos”, ha concluido.

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