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El PSOE afirma que el decreto de la vivienda de la Junta contrasta con la sumisión del Gobierno central a los dictados de la banca

La parlamentaria socialista y vocal de la Comisión de Fomento y Vivienda del Parlamento andaluz Nieves Masegosa ha afirmado que el decreto ley sobre la función social de la vivienda evidencia que en Andalucía se gobierna en beneficio del interés común en contraste con la sumisión del Gobierno central a los dictados de la banca. “Esta medida supone una respuesta contundente a una situación de emergencia social”, ha asegurado la representante socialista durante su intervención en la Comisión de Vivienda.

Según la diputada autonómica, Andalucía no juega con las esperanzas de las familias desahuciadas ni contraviene la voluntad ciudadana como ha hecho el PP con la Iniciativa Legislativa Popular y la reivindicación de la dación en pago, una medida que, a su juicio, el PP ha descafeinando e incluso pervertido.

Por el contrario, con este decreto, “Andalucía avanza en igualdad de oportunidades y en la lucha contra la exclusión social”, ha apuntado la parlamentaria.

Masegosa ha explicado que se trata de una ley que pivota sobre dos pilares como son el fomento del alquiler, reforzando las ayudas y creando un nuevo régimen sancionador, y la expropiación temporal del uso de viviendas inmersas en procedimientos de desahucio hipotecario en los casos más graves de emergencia social. “Expropiación para proteger a las familias en riesgo de exclusión social, garantizando así el derecho a la vivienda de quienes menos tienen”, ha añadido.

Se trata, según ha señalado, de una medida excepcional para casos excepcionales y que afecta únicamente a los inmuebles en procedimientos de desalojo instados por entidades financieras y sus filiales inmobiliarias o por entidades de gestión de activos. “La solución a esta crisis no puede pasar por seguir inflando la burbuja inmobiliaria, por lo que compartimos con el Gobierno autonómico impulse el fomento del alquiler y dar salida al stock de viviendas vacías de la comunidad, entre 700.000 y un millón de inmuebles, de los que entre 350.000 y 500.000 pertenecen fundamentalmente a bancos y empresas inmobiliarias”, ha detallado.

Masegosa, que ha destacado que las  personas físicas quedan fuera del decreto, ha valorado que se refuercen además las subvenciones al alquiler para los propietarios, que se les incentive con medidas fiscales y que se consolide un régimen disciplinario contra bancos, inmobiliarias y entidades de gestión patrimonial que no destinen al arrendamiento su stock residencial.

La diputada socialista ha incidido además en que este refuerzo al alquiler contrasta con la política que va a imponer el PP, a través del Plan Integral de Vivienda y Suelo, un plan con el que, según el Ejecutivo central, se pretende incentivar el alquiler pero, en cambio, está endureciendo el acceso a las ayudas. Ha explicado en ese sentido que, hasta ahora, el cálculo de la renta familiar para ser beneficiario se hacía sobre los ingresos de los titulares del contrato de arrendamiento; sin embargo, el nuevo plan del PP se basa en la renta de la “unidad de convivencia”, es decir, la de todos los ocupantes de la vivienda que reciban ingresos. Además, el anteproyecto de ley del Ejecutivo de Rajoy establece un límite de 600 euros en el precio del alquiler de la vivienda para recibir el subsidio y reduce el límite anual de la ayuda a 2.400 euros, frente a los 3.200 euros de la antigua legislación.

Unas medidas que contrastan con las iniciativas del Gobierno de la Junta que, además de este decreto ley de la vivienda ha puesto en marcha planes como el Programa Andaluz en Defensa de la Vivienda (2012), un servicio público y gratuito que presta apoyo a las personas que no pueden hacer frente al pago de sus hipotecas o una red de oficinas de intermediación repartidas por toda la comunidad que ha permitido que unas 1.000 familias hayan podido permanecer en sus casas, entre otras iniciativas. “Andalucía ha demostrado, una vez más, que no legisla contra la ciudadanía, sino con ella”, ha afirmado.

Masegosa ha reivindicado una gran estrategia nacional contra la exclusión social en la que se deben implicar todas las administraciones públicas. Una iniciativa que considera “urgente y necesaria” para impedir que la crisis económica se convierta en una crisis social “irremediable” y que debe garantizar no solo una vivienda, sino también una renta mínima.

La parlamentaria ha concluido su intervención reclamando a los diputados autonómicos del PP que se rebelen contra el ya casi anunciado recurso de inconstitucionalidad contra este decreto ley del Ejecutivo de Rajoy. “Saben que este decreto se ajusta perfectamente a la legalidad y saben que es también la respuesta de un Gobierno que está al lado de los más desprotegidos por la crisis”, ha afirmado.

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