Noticias

El Gobierno deja en el aire miles de promociones de viviendas de alquiler social al suprimir las ayudas a su construcción

La negativa del PP de ampliar la moratoria para los locales de renta antigua puede abocar al cierre a unos 900 comercios en Granada

El PSOE ha denunciado hoy que la nueva Ley del Alquiler promovida por el PP deja en el aire miles de promociones públicas y privadas de viviendas de alquiler social en la provincia de Granada al suprimir, con carácter retroactivo, las ayudas que reciben los promotores y al anular cualquier tipo de subsidiación a los préstamos. Se trata de una de las iniciativas de la denominada Ley de Flexibilización y Fomento del Mercado del Alquiler, que se tramita en el Senado y que podría quedar aprobada a principios de mayo.

La ley “favorece a los propietarios y a los lobbies y va en contra de la inmensa mayoría de los ciudadanos”, ha señalado en rueda de prensa el senador socialista Juan Manuel Fernández. El representante socialista ha afirmado que el PP ha introducido una enmienda en el Senado a esta legislación con propuestas “muy graves, que perjudican a todos los ciudadanos”.

Una de ellas establece que solamente serán subsidiados los préstamos para estas promociones ya firmados, pero no habrá más ayudas para unas viviendas que suelen ser construidas desde administraciones públicas o desde el sector privado para destinarlas al alquiler con rentas bajas. “¿Cómo va a financiar la Diputación de Granada las promociones para el alquiler de Visogsa, que se han construido teniendo en cuenta que tenían una ayuda del Estado?, ha planteado Fernández, quien ha incidido además en las nefastas consecuencias de la medida en todos los municipios donde los ayuntamientos cuentan con estas subvenciones para facilitar el acceso a la vivienda a familias con pocos recursos.

A su juicio, se trata de una ley “mala”, que va “contra el interés general” y que ha recibido las críticas de prácticamente todas las organizaciones sociales de este país. “El PP ha diseñado esta ley en favor del propietario y en contra del inquilino claramente”, ha añadido.

En este sentido, ha desgranado una serie de medidas incluidas por el PP como la desaparición de las ayudas directas a la entrada de vivienda, la reducción de las subvenciones a los inquilinos y la supresión de la renta básica de emancipación, una iniciativa que el Partido Popular primero paralizó, luego redujo su cuantía y finalmente propone su eliminación. Fernández ha precisado que en 2011, la provincia recibió por este concepto 6,4 millones de euros que beneficiaron a 3.649 personas. En 2012, con el PP en el Gobierno, las ayudas cayeron hasta los 4,5 millones de euros con 2.571 beneficiarios, tanto inquilinos como propietarios, que probablemente verán cómo sus arrendatarios dejarán los alquileres al desaparecer la renta básica. “El PP está destrozando el mercado del alquiler, no favoreciendo el interés ni de los propietarios ni de los jóvenes inquilinos”, ha criticado.

Fernández se ha referido además a otras medidas de la nueva legislación muy perjudiciales para los inquilinos como las que establecen que los arrendatarios, para defender sus derechos, tengan que inscribir el contrato del alquiler en el Registro de la Propiedad con un coste mínimo de 400 euros. La nueva ley deja además a los inquilinos en precario, ya que el propietario puede desalojarlos en cualquier momento sin necesidad de justificarlo. Establece además que cuando una familia no pueda pagar una renta y sea condenada a abandonar la vivienda, pase a formar parte de un registro de sentencias de impago, “una lista negra” que dificultará que esa familia pueda alquilar otra vivienda. “Es una ley a favor de los poderosos, de la gente que tiene mucho y que va en contra de la clase media y de la clase trabajadora”, ha afirmado Fernández, quien ha lamentado que el PP haya rechazado en la tramitación todas las enmiendas presentadas por el PSOE.

Por su parte, la concejal socialista Raquel Ruz se ha referido a la negativa del PP de ampliar la moratoria de actualización de las cuotas de los locales de renta antigua, una medida que puede abocar al cierre a unos 900 establecimientos mercantiles en Granada y a 600.000 comercios en España, según datos de la fundación Comercio Urbano. La finalización de la moratoria finalizará el próximo 31 de diciembre de 2014.

Según Ruz, el grupo municipal socialista presentó una moción para instar al Gobierno a una prórroga de esta moratoria en cinco años, iniciativa que fue rechazada por el PP. El grupo parlamentario socialista ha presentado incluso una enmienda a la nueva Ley de Arrendamiento Urbano en este sentido, una enmienda que no ha sido aceptada en la ponencia por el PP, “en una postura que no podemos entender”.

El PP ha propuesto además, según la edil socialista, que la vivienda destinada al alquiler a través de un canal turístico no pueda ser ofertada por particulares, sino a través de una empresa, “por lo que vuelve a defender los intereses de los grandes lobbies turísticos y de las grandes empresas hoteleras de este país”, ha concluido.

Categorías:Destacados, Portada, Sala de prensa.
Etiquetas:, , , , , , , , , .


Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos necesarios están marcados *

Puedes usar las siguientes etiquetas y atributos HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>