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El PSOE peleará en el Senado para incorporar la ley ‘antidesahucios’ andaluza a la estatal

El diputado socialista por Granada José Martínez Olmos ha anunciado que su partido “peleará” en el Senado para incorporar el decreto andaluz sobre la función social de la vivienda a la ley hipotecaria del Gobierno central, después de que el PP haya culminado la tramitación de esta normativa en el Congreso “de forma injusta y en favor de las posiciones del sector financiero”.

El también portavoz del PSOE en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales del Congreso ha recordado que sólo en Granada se registran de 5 a 6 desalojos diarios de media y ha avanzado que su formación continuará dando la batalla y poniendo voz a la reivindicación social contra los desahucios. De hecho, ha recordado que el Partido Socialista ha planteado la extensión de la iniciativa andaluza al conjunto de España para que “todos los ciudadanos puedan defender su derecho a la vivienda en igualdad de condiciones”.

Martínez Olmos ha afirmado que los desahucios constituyen uno de los símbolos más relevantes de los efectos de la crisis económica, mientras que los poderes públicos vinculados al Gobierno del PP deciden rescatar a la banca “de forma indecente”. Ha asegurado además que es la movilización ciudadana la que está consiguiendo situar en el debate social y político esta problemática y poner de manifiesto que “desgraciadamente el PP no está dando solución alguna”.

“Se trata de un problema que, de no ser abordado con justicia, puede conllevar un incremento muy importante de la indignación de la ciudadanía que no augura nada bueno para el conjunto de la sociedad española”, ha advertido Martínez Olmos, para insistir además en que esta situación no la han creado las familias, sino los responsables de las entidades financieras.

El representante socialista ha exigido al PP que atienda las reivindicaciones de la oposición y ha hecho también un llamamiento a los responsables de las entidades financieras, sobre todo las rescatadas, para que den “un paso al frente” con objeto de evitar más desahucios.

Por su parte, la parlamentaria andaluza del PSOE y vocal de la Comisión de Fomento y Vivienda del Parlamento Nieves Masegosa ha recordado que la Memoria del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía arroja datos muy “alarmantes”, ya que sólo en 2012 han aumentado un 40 por ciento las diligencias de lanzamiento y quedan pendientes de lanzamiento más de 1.800 casos.

Granada fue en 2012 además, según ha señalado en base a estas cifras, la provincia donde más lanzamientos se han materializado de manera efectiva y alcanza prácticamente los 500 desahucios. Además, aún quedan casi 4.000 ejecuciones hipotecarias pendientes de resolverse en los tribunales de la provincia, 2.000 de los cuales se han iniciado a lo largo de 2012, ha añadido.

Según la parlamentaria, el decreto sobre la función social de la vivienda aprobado por la Junta tendrá una incidencia importante sobre estos casos pendientes. De hecho, según ha manifestado, ya hay 25 familias granadinas que se han acogido a la nueva normativa.

A juicio de la representante socialista, este decreto nace con una voluntad “totalmente distinta” a como viene trabajando en la materia el Gobierno del PP. “Se trata de un decreto aprobado con carácter urgente, pero que tendrá tramitación parlamentaria con el objeto de que todas las formaciones puedan hacer aportaciones, algo que contrasta con las políticas del PP, que viernes a viernes machaca a la ciudadanía con decretos que no son susceptibles de discusión ni de debate”, ha denunciado.

Según la parlamentaria, con esta medida, que impulsa el alquiler y contempla la expropiación temporal del uso de las viviendas que estén inmersas en un procedimiento hipotecario, la Junta da una respuesta contundente a una situación de emergencia social y a una insistente demanda ciudadana. Un decreto, ha dicho, que además supone un ejercicio en defensa del interés general frente a los intereses particulares y que contrasta con la sumisión del Gobierno central a los dictados de la banca.

Ha recordado además que existen en torno a 700.000 viviendas vacías en Andalucía, la mitad de ellas propiedad de bancos o promotoras, mientras que en Granada el parque de vivienda vacía se estima en torno a 50.000 inmuebles, que serán susceptibles de someterse a esta medida siempre que sean propiedad de la banca o de promotores.

“Este decreto pretende garantizar la función social de la vivienda y evitar que las familias desahuciadas caigan en la exclusión social”, ha sentenciado la diputada autonómica, que ha afirmado que medidas como el Plan andaluz de Vivienda y Rehabilitación, el Programa andaluz en Defensa de la Vivienda y las oficinas de intermediación que contempla o la nueva ley de protección de los derechos de los consumidores en la contratación hipotecaria evidencian que para el Ejecutivo andaluz el derecho a la vivienda es una prioridad.

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