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El Gobierno desmantela las oficinas tributarias de Loja, Baza, Guadix y Órgiva y deja sin servicio a más de 400.000 granadinos

El PSOE llevará una proposición no de ley al Parlamento para exigir al Gobierno de España y al Ministerio de Hacienda que paralicen esta reforma

El desmantelamiento por parte del Gobierno central de las delegaciones comarcales de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) de Loja, Órgiva, Baza y Guadix dejará sin servicio a más de 400.000 ciudadanos de la provincia.

Así lo han denunciado alcaldes y portavoces socialistas de las comarcas afectadas, que han advertido de que las oficinas de estas cuatro zonas pasan a ser administraciones “de segundo nivel” y prestarán únicamente servicios de información y asistencia en virtud de una resolución de la Presidencia de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.

“Se trata de la crónica de una muerte anunciada”, ha señalado el alcalde de Baza y secretario de Política Institucional del PSOE de Granada, Pedro Fernández, que ha comparecido en rueda de prensa acompañado por el portavoz del grupo socialista en el Ayuntamiento de Guadix, Manuel Gómez Vidal, y por el parlamentario andaluz del PSOE, Miguel Castellano.

Pedro Fernández ha explicado que el recorte de servicios concentrará la gestión y tramitación de asuntos en tres administraciones, las únicas que conservarán la categoría de oficinas de “primer nivel”: se trata de la de Granada, con un ámbito competencial de 48 municipios; la de Motril, con un total de 42 municipios; y la de Granada-Almanjáyar, que abarcará 78 municipios, incluidas localidades de comarcas distantes como las del Altiplano granadino, Guadix o Los Montes Orientales.

A juicio del alcalde de Baza, esta resolución de Hacienda supone un acto de “recentralización” de los servicios y establece “ciudadanos de primera y de segunda”. Además, según ha criticado, se encarecerá el coste del servicio público para aquellos vecinos que viven en las zonas más alejadas, al tener que desplazarse a la capital, y habrá una merma de la competitividad empresarial en estas comarcas, por los nuevos obstáculos burocráticos.

“Se trata de un varapalo para las zonas más alejadas de la capital y una degradación en la escala competencial para las administraciones de Loja, Guadix, Baza y Órgiva, que además, no supondrá ningún tipo de ahorro”, ha afirmado.

Por su parte, el parlamentario andaluz del PSOE Miguel Castellano ha incidido en que la medida del Ministerio de Hacienda supone “un paso más” en el alejamiento de los servicios públicos de los ciudadanos, sobre todo, los que viven en municipios del medio rural, que verán complicados así sus trámites y sus gestiones.

Ante ello, el representante socialista ha anunciado que el PSOE llevará una proposición no de ley al Parlamento para exigir al Gobierno de España y al Ministerio de Hacienda que paralicen esta reforma y no dejen que las delegaciones se conviertan “en meras oficinas de información y asesoramiento”.

Además, reclamarán que, por parte de la AEAT, se expliciten los servicios de las administraciones de la Agencia que aparecen mencionadas como oficinas de Información y de asistencia, ya que el propio decreto deja “un gran vacío en este sentido”.

A su juicio, esta medida incidirá incluso en una peor eficacia en los servicios que conllevará “una peor recaudación y una peor gestión”.

Por último, el portavoz del grupo socialista en el Ayuntamiento de Guadix, Manuel Gómez Vidal, ha asegurado que una de las principales fortalezas de Andalucía reside precisamente en el mantenimiento de una red de servicios públicos en igualdad para todos, que se rompe con iniciativas como ésta.

Ha incidido en que en las zonas rurales resulta especialmente difícil mantener a la población, por lo que la apuesta por la accesibilidad a los servicios públicos debe ser una apuesta de especial relevancia. En cambio, según ha asegurado, con el desmantelamiento de la cartera actual de servicios de la Agencia Tributaria se pone en crisis el propio modelo territorial de nuestras comarcas, en detrimento de la igualdad, y sin producir ninguna eficiencia económica.

“Se trata de un recorte ideológico, de una apuesta más por la privatización de servicios públicos y su menoscabo y por hacer dos sociedades, una de primera y otra de segunda”, ha concluido.

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