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Treinta ayuntamientos del PP no suscriben el convenio de Diputación para el reciclaje de residuos sólidos

Treinta ayuntamientos de la provincia con gobiernos del Partido Popular no se han adherido al nuevo modelo de gestión para el tratamiento de residuos sólidos que pretende imponer el presidente de la Diputación y del PP provincial, Sebastián Pérez.

Consistorios del peso poblacional y tan significativos como el de Alhama de Granada, Almuñécar, Lanjarón, Monachil, Alfacar, Otura, Puebla de Don Fadrique, Vélez de Benaudalla o Ugíjar, entre otros, no han suscrito el convenio para la encomienda de gestión de este servicio que promueve el gobierno presidido por Pérez. Tampoco se ha sumado el gobierno municipal del Ayuntamiento de La Zubia que, paradójicamente cuenta en sus filas con una concejal que es la diputada provincial de Economía, Contratación y Patrimonio en la corporación, Inmaculada Hernández.

“Esta resistencia a adherirse al nuevo modelo evidencia que se trata de una gran chapuza y que ni ellos mismos se lo creen”, ha criticado el portavoz del grupo socialista y vicesecretario general del PSOE, José Entrena. El dirigente socialista ha detallado que 105 ayuntamientos y once entidades locales autónomas no han aprobado el convenio para el reciclaje de residuos que el PP quiere imponer a los alcaldes de la provincia.

Unos datos que demuestran, según Entrena, la incapacidad del equipo de gobierno para resolver la situación derivada de la disolución unilateral del Consorcio de Residuos Sólidos Urbanos (Resur), donde los ayuntamientos disponían de voz y voto en la gestión del servicio y que suponía, según ha destacado, un modelo moderno y de consenso.

El representante socialista ha afirmado que el fracaso del nuevo modelo de gestión y la oposición de los ayuntamientos a aceptarla tiene que ver además con que el parámetro impuesto para calcular el importe de los recibos sea el valor catastral de las viviendas. Se trata de un criterio de pago que, según los socialistas, es “arbitrario e injusto” porque la valoración de un inmueble, y por tanto, el recibo, pueden variar hasta en un 50 por ciento en función del año en que se haya producido la revisión catastral.

Desde el grupo socialista recalcan que con el nuevo modelo se castiga a los ciudadanos y a los municipios porque, en lugar de pagar el tratamiento en función de los residuos generados, se abona según el valor catastral de la vivienda. ¿Acaso la factura del teléfono o el recibo del agua se pagan en función del valor catastral de la vivienda?, ha planteado Entrena, quien ha subrayado que “la Diputación de Granada no está al servicio de los ayuntamientos, sino que precisamente quiere que éstos estén a su servicio y hacer negocio con las competencias municipales.

El representante socialista ha exigido a Sebastián Pérez que reflexione sobre esta situación y que obligue al diputado de Medio Ambiente y vicepresidente, José Antonio Robles, a negociar con los alcaldes para que la gestión de los residuos sólidos sea fruto del consenso entre todos y se garantice la viabilidad del servicio.

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