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El PSOE advierte a los vecinos de que el ‘tasazo’ de la basura no cuenta con la autorización de ayuntamientos

El grupo socialista denuncia que Diputación pretende cobrar a los ciudadanos medio millón de euros por la emisión de los recibos, una cifra que representa el 4,5 por ciento de la facturación total del servicio

El ‘tasazo’ por tratamiento de residuos impuesto a los ciudadanos por el gobierno del PP de Diputación no cuenta con la autorización de muchos ayuntamientos de la provincia, que no han formalizado convenio alguno con la institución en este ámbito al considerar que se trata de una tasa “irregular, ilegal y que atenta contra el bolsillo de las familias”.

Así lo ha señalado el alcalde de Maracena y secretario de Política Municipal de los socialistas granadinos, Noel López, quien ha negado las acusaciones vertidas ayer por representantes del PP en relación al doble cobro del servicio y ha asegurado que tanto en su municipio, como en muchos otros de la provincia, los ayuntamientos no han consensuado ni autorizado cuantías económicas ni cobros de la nueva tasa de basura provincial.

El representante socialista ha detallado que el ‘tasazo’ supone incrementos de entre el 40 y el 50 por ciento en el servicio de tratamiento para los ayuntamientos. “El PP demuestra que solo tiene un objetivo que es especular con los servicios y los intereses de los ciudadanos porque no es normal que el servicio pase a costar un 40 o un 50 por ciento más”, ha asegurado López. De hecho, en Maracena el coste del tratamiento pasa de 180.000 euros a 260.000 euros con la iniciativa del PP.

El representante socialista ha preguntado sobre el destino que el PP tiene previsto para esa gran diferencia de dinero. “¿Irá a sufragar la deuda millonaria que mantienen Granada y Motril con el extinto consorcio Resur, a beneficiar a la futura contrata que ya tiene el PP preparada o, en cambio, irá al bolsillo de alguien?”

Ante ello, Noel López ha anunciado que la próxima asamblea del Consorcio Vega Sierra Elvira estudiará la viabilidad de que el servicio de tratamiento de residuos pase a ser gestionado por este ente. El representante socialista ha afirmado que una gran cantidad de alcaldes de la provincia, no sólo del PSOE, piden alternativas al servicio “ilegítimo” que pretende imponer Diputación.

“El PP está menospreciando a la sociedad con una Diputación que han convertido en un torrente de mentiras y falacias”, ha afirmado el regidor, quien ha exigido a Sebastián Pérez respeto institucional para los ayuntamientos, seriedad, y que deje de meter la mano en los bolsillos de los ciudadanos.

“Un robo y un atraco”

Por su parte, el viceportavoz primero del grupo socialista, José María Aponte, ha aportado detalles acerca de la campaña informativa emprendida por los socialistas sobre el ‘tasazo’ que, según ha apuntado, supondrá un nuevo recibo por un servicio cuyo coste se incrementa de media en un 40 por ciento sin suponer mejora alguna. Ha aludido a la situación de municipios como Baza, que pagará un 42,3 por ciento más por el tratamiento o Cúllar Vega, que afrontará un incremento del 41 por ciento. “Es un tasazo, un robo y un atraco”, ha apostillado.

Aponte ha precisado además que Diputación cobrará a los ciudadanos 520.062 euros por la elaboración y emisión de los recibos, una cifra que representa el 4,5 por ciento de la facturación total. “¿Qué pretenden pagar con estos 500.000 euros, a dónde irá destinado este dinero?”, se ha preguntado.

A su juicio, la disolución de Resur, origen de la nueva tasa, obedece a la pretensión del PP de privatizar servicios y de “recaudar a toda costa”, ya que, además, al depender su implantación en exclusiva del gobierno de la Diputación, será éste el que decida sobre futuras subidas del recibo.

“Esto es un apaño para solucionarle la papeleta al Ayuntamiento de Motril y al de Granada, donde Sebastián Pérez quiere ser alcalde”, ha señalado Aponte, quien ha tachado de “injusta” la medida ya que, en lugar de proponer que el servicio se sufrague en función de las toneladas de basura generadas y del consumo real, se abonará según el valor catastral de la vivienda.

También considera insuficientes las supuestas bonificaciones a parados a y pensionistas, ya que sólo podrán ser requeridas una vez abonado el importe del recibo. El tasazo no fomentará tampoco el reciclaje, según ha criticado.

“Algo huele mal en la Diputación y no es precisamente la basura”, ha concluido.

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