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El PSOE rechaza la privatización de los registros civiles, que afectará a 20.000 familias al año en la provincia

El portavoz del PSOE en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales del Congreso y diputado por Granada, José Martínez Olmos, alerta de que la mercantilización de los registros civiles no garantiza la confidencialidad de los datos de los ciudadanos

Los socialistas exigen la gratuidad de los trámites y certificaciones, como hasta ahora, y cifran en un millón de euros el impacto anual que tendrán las tasas que quiere implantar el Gobierno del PP

El PSOE de Granada ha mostrado hoy su rechazo frontal a la decisión del Gobierno del PP de entregar los registros civiles a los registradores de la propiedad, privatizando así un servicio público esencial para convertirlo en negocio privado. El portavoz del PSOE en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales del Congreso y diputado por Granada, José Martínez Olmos, ha asegurado esta mañana que la medida supone desmantelar un servicio público, con la consiguiente pérdida de empleo, y mercantilizar los datos de los ciudadanos.

Martínez Olmos ha explicado que el Gobierno del PP pretende cobrar unas tasas de entre 40 y 60 euros que tendrán que pagar los ciudadanos por cada uno de los trámites que ahora son gratuitos, como la expedición de partidas de nacimiento, certificados de defunción y de matrimonio y expedientes de cambio de apellidos. Según el diputado del PSOE, en los registros civiles se producen casi un millón y medio de trámites al año, por lo que el cobro de esas tasas, que ahora son gratuitas y que los ciudadanos ya pagan con sus impuestos, supondría un negocio que iría entre los 56 y los 90 millones de euros anuales”.

El representante socialista también se ha referido al impacto que tendría esa medida en la provincia de Granada, donde los registros civiles tramitan 8.000 inscripciones de defunción, unas 3.100 inscripciones de matrimonio y 9.100 nacimientos. “La medida que el Gobierno de Rajoy pretende aplicar afectaría como mínimo a 20.000 familias granadinas, que al menos una vez tienen que realizar alguno de esos trámites en el registro civil correspondiente”, ha precisado. Por lo tanto, ha añadido el diputado, el cobro de esas tasas tendría un impacto económico que estaría entre los 800.000 euros y 1,2 millones al año para los ciudadanos de la provincia.

Pero además, la pretensión del Gobierno del PP tendría otras consecuencias que Martínez Olmos ha considerado preocupantes. “Hablamos de trámites que afectan a datos de carácter personal protegidos ahora por la Ley de Protección de Datos”, ha indicado para agregar que “el hecho de que esos trámites salgan fuera de los registros civiles pone en riesgo la garantías de confidencialidad de esos datos”.

Para Martínez Olmos, con esa medida el Gobierno del PP pretende desmantelar los registros civiles, lo que además supondrá una pérdida de empleo público. “Es una medida innecesaria, porque no hay una demanda social ni problemas de mal funcionamiento de los registros civiles, que vienen prestando un gran servicio a la sociedad”, ha afirmado para subrayar que se trata de “un intento de privatizar unas gestiones que pueden producir negocio”.

El diputado socialista ha anunciado que el PSOE de Granada se opone a esa medida, “encaminada a ir desmantelando los servicios públicos, que va a tener un coste económico para los ciudadanos por trámites cotidianos que son imprescindibles”. En este sentido, Martínez Olmos ha afirmado que el PSOE de Granada va a trabajar junto a los sindicatos y profesionales para frenar esta medida y ha anunciado que los socialistas presentarán mociones en los ayuntamientos de la provincia en defensa del servicio público de los registros civiles.

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