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El PSOE exige al Gobierno que paralice las multas a los emigrantes retornados y les devuelva “de oficio” lo indebidamente cobrado

Los afectados aseguran sentirse “injustamente tratados” por el Gobierno central y lamentan que se les considere como “defraudadores”

El grupo parlamentario socialista ha exigido este lunes al Gobierno central que paralice definitivamente las sanciones que siguen recibiendo el colectivo de emigrantes retornados a pesar de que el propio Ejecutivo del PP anunció en agosto su devolución y que lo haga de “oficio”.

La diputada y secretaria de Organización de los socialistas granadinos, Elvira Ramón, que ha estado acompañada por los parlamentarios andaluces Miguel Castellano y Juan José Martín, ha mantenido una reunión con la Asociación Granadina de Emigrantes Retornados (AGER), en la que sus representantes le han trasladado su inquietud por las nuevas reclamaciones económicas que están recibiendo algunos asociados y su incertidumbre sobre el procedimiento para recuperar lo que se les ha cobrado injustamente.

La dirigente socialista ha recordado que el Gobierno del PP anunció el pasado mes de agosto que devolvería a los emigrantes retornados las multas que les había impuesto por no haber declarado a tiempo las pensiones procedentes de otros países. Devolución que se regularía a través de una disposición adicional única en la reforma tributaria que conllevaría la regularización de la situación de los afectados, la anulación de las multas y la devolución para quien las haya pagado a partir del 1 de enero de 2015.

Sin embargo, los socialistas han considerado esta medida “parcial e incompleta”, ya que no regula ningún tipo de procedimiento para el reintegro del dinero a los afectados y no aclara qué ocurrirá con los que han llevado a cabo la autoliquidación de manera voluntaria.

Ante esta situación, la representante socialista ha urgido al PP a que proceda a la devolución “de oficio” de lo indebidamente cobrado y que ponga en marcha una campaña informativa que acabe con la incertidumbre en la que se hallan los afectados.

Tras recordar que esas pequeñas pensiones siempre han sido consideradas exentas en la declaración de la renta y que en el propio borrador que anualmente les enviaba la Agencia Tributaria jamás venían esas pensiones, Elvira Ramón ha lamentado el oscurantismo del Gobierno al no precisar el número de personas afectadas por las multas ni la cuantía de lo cobrado indebidamente en la provincia a pesar de las continuas solicitudes de información.

“Mientras el Gobierno ha impulsado una amnistía fiscal para los ricos de la que se han beneficiado más de 30.000 personas, trata a este colectivo, en su mayoría pensionistas mayores de 65 años, como delincuentes fiscales y defraudadores”, ha criticado la diputada, quien ha exigido al Gobierno que repare el daño moral “inmenso” y el sufrimiento “tan innecesario” que está causando este colectivo.

Por su parte, la presidenta de la Asociación Granadina de Emigrantes Retornados (AGER), María José Hueltes, ha señalado que en la provincia de Granada hay unos 80.000 emigrantes retornados. “Nuestro colectivo se siente injustamente tratado por parte del Gobierno”, ha indicado para subrayar que no son “defraudadores”. “Lo único que han hecho ha sido ir a Hacienda e informarse si tienen que declarar sus pensiones del extranjero”, ha precisado. También ha explicado que lo único que el Gobierno ha anunciado que va a devolver son las cantidades correspondientes a las sanciones e intereses de demora que se les ha cobrado indebidamente, pero aún quedan muchos puntos por aclarar.

Hueltes se ha quejado de que además, Hacienda no realice esas devoluciones de oficio, sino previa reclamación de los afectados. “Igual que en su día la Administración les envió los requerimientos, ahora tendría que hacer esas devoluciones de oficio”, ha agregado. Además, ha explicado que los emigrantes retornados tienen que declarar aunque sus retribuciones estén por dejado del mínimo exento, si tienen doble pagador, es decir, si cobran una pensión del país en el que estuvieron trabando como emigrantes y otra de España, mientras que los pensionistas españoles no.

Lorenza, una emigrante retornada, afectada por las decisiones del Gobierno, afirma que lo primero que hizo al retornar a España fue ir a Hacienda para informase de cuáles eran sus derechos y sus obligaciones. “Me dijeron que por el momento no sabían nada, que no se debía declarar, y en 2012 me envían un requerimiento diciéndome que tenía que pagar desde 2008”, ha relatado. “Requerimientos constantes, multas y más multas y ya voy por 16.000 euros”, ha indicado. “Es un sinvivir, me siento como si yo fuera culpable de algo… Si realmente había un vacío legal, que lo llenen ellos, que no nos culpen a nosotros…”, agrega, y se pregunta “por qué nos tienen que penalizar, que empecemos a pagar desde cuando nos dijeron, desde 2013, no desde 2008, que es lo que nos han obligado a pagar”.

“Nos preocupa la situación de estos pensionistas que emigraron durante la dictadura franquista porque aquí no había trabajo y que han vuelto a sus pueblos como jubilados y han visto cómo el Gobierno del PP los trata como a defraudadores cuando eran desconocedores de que tenían que tributar porque jamás lo habían hecho ni nunca se les había exigido”, ha agregado. En su opinión, es “muy duro e injusto que gente que se fue en los años 50, 60 y 70 a trabajar fuera para sacar a este país adelante se vea con sanciones de dos mil, tres mil, cinco mil y hasta diez mil euros”.

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