Noticias

El PP rechaza ayudar a las familias en quiebra modificando la ley de desahucios con las propuestas del PSOE apoyadas por el resto de los grupos

El portavoz socialista en la Comisión de Fomento, Juan Manuel Fernández Ortega, ha reivindicado que “necesitamos leyes de obligado cumplimiento, recursos para ayudar a las familias y derechos, frente a la beneficencia de los bancos”

Juan Manuel Fernández Ortega, ha defendido esta mañana en el Pleno del Senado una moción consecuencia de interpelación en la que reclama al Gobierno la adopción de una serie de medidas para ayudar a las familias en quiebra por los desahucios, que la mayoría absoluta del Partido Popular, frente al resto de los grupos parlamentarios, ha impedido que se aprobara.

Al inicio de su intervención, Fernández Ortega ha vuelto a poner de manifiesto que uno de los efectos más notables y fatales de la crisis económica por la que atraviesa España es la situación en la que se encuentran miles de personas que contrataron un préstamo hipotecario con el fin de acceder a su vivienda habitual, empujados por unas condiciones financieras muy ventajosas, y que “se han visto obligados a asumir todo el riesgo de la concesión del préstamo” en una situación de insolvencia, derivada del desempleo, como está sucediendo en la actualidad.

El senador socialista ha denunciado que desde que el Partido Popular llegó al Gobierno alrededor de 120.000 familias ya han sido desahuciadas y ha detallado que 500.000 personas han sufrido desde entonces un desahucio y se estima que otras 500.000 están a la espera de ejecución hipotecaria, en un escenario económico de profunda crisis con 1.789.400 hogares con todos sus miembros en paro y 782.500 sin ingresos, lo que hace prever un empeoramiento de este gravísimo problema.

“¿De verdad ustedes pueden mirar a los ojos de los españoles y decirles que no tienen ninguna responsabilidad?, se preguntó el senador dirigiéndose a la bancada del Grupo Popular.

También Fernández Ortega se ha referido al manido argumento del Ministro de Economía, Luis de Guindos, sobre que el problema de los desahucios de hoy es consecuencia de las políticas que vivimos entre los años 2005 y 2008” y en este punto ha ironizado sobre que estas afirmaciones las realice, precisamente, el que fue representante de Lehman Brothers para España y Portugal hasta su quiebra en 2008.
“La culpa de los desahucios es de los banqueros especuladores; la política debe aportar la solución”, ha remachado.

El senador del PSOE, tras subrayar de nuevo que el problema de los desahucios “existe” “que es un problema real”, ha cuestionado también al titular de la cartera de Economía porque no existe “ningún interlocutor en materia de desahucios” dentro de su departamento y ha afeado que el Ministro de Guindos, durante el debate de una anterior interpelación en el Pleno de la Cámara, “no fuera capaz de responder” a su pregunta sobre “cuál es la Secretaria de Estado responsable en este tema y con qué colectivos sociales se ha reunido”. “Señorías, no hay ningún interlocutor en el Ministerio de Economía en materia de desahucios” ha afirmado y ha reprochado al Ejecutivo “que piense que el problema de los desahucios es más un problema de los bancos que un problema social que afecta a personas”.

Fernández Ortega ha criticado que el Gobierno aprobó una serie de medidas urgentes en un Decreto-Ley “claramente insuficientes” y ha recalcado que posteriormente modificó la Ley de medidas para reforzar la protección de los deudores hipotecarios, de reestructuración de la deuda y alquiler social, con matices normativos “poco eficaces”.

Por ello, Fernández Ortega ha defendido ante el Pleno de la Cámara la necesidad, en primer lugar, de modificar la Ley 1/2013 de medidas para reforzar la protección de los deudores hipotecarios, de reestructuración de la deuda y alquiler social, y propone la eliminación del plazo de dos años de suspensión de los lanzamientos para mantenerla en tanto concurran las circunstancias económicas recogidas en la Ley, así como la supresión de los supuestos de especial vulnerabilidad contemplados en el apartado 2 del artículo 1; y, por último, la eliminación de la condición económica recogida en el epígrafe b del apartado 4 del artículo 1 que define de manera reduccionista la unidad familiar. “Necesitamos leyes de obligado cumplimiento, recursos para ayudar a las familias, derechos frente a la beneficencia de los bancos”, ha reivindicado.

En la misma línea, el senador del PSOE ha abogado por reformas normativas dirigidas a paralizar la acumulación de intereses de demora durante la suspensión de la ejecución hipotecaria recogida en el artículo 1 de la Ley 1/2013.

De igual forma, ha apostado por impulsar la creación de un parque social de viviendas, para favorecer el acceso al alquiler a las familias desahuciadas en situación de especial vulnerabilidad social, garantizando que paguen un alquiler inferior al 25% de sus ingresos, y para garantizar el acceso a la vivienda a aquellas familias desahuciadas que no puedan hacer frene temporalmente al pago de un alquiler. Además, el parlamentario socialista demanda que se dispongan recursos, a través del ICO, para poder aplazar temporal y parcialmente las obligaciones de pago de las cuotas de las familias en riesgo de desahucio.

Fernández Ortega, ha reclamado también al Ejecutivo la modificación de la Ley 1/2013 para incluir una “claúsula de seguridad”, de manera que pagado el 75% de la hipoteca, en caso de producirse las condiciones económicas familiares recogidas en el apartado 3 del artículo 1, no pueda ejecutarse la hipoteca limitando la obligación de pago de cuota al 30% de los ingresos familiares. También pide que se establezca un sistema que evite el inicio del procedimiento de desahucio de la vivienda habitual de quienes tienen deuda de menos de 30.000 euros en los distintos regímenes de la Seguridad Social.

En última instancia, el senador del PSOE ha demandado al Ejecutivo que remita a las Cámaras un proyecto de ley de “segunda oportunidad” para los deudores hipotecarios insolventes y le insta a modificar el Real Decreto 345/2012, de 10 de febrero, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Economía y Competitividad, al objeto de crear en su seno una unidad específica para combatir la realidad de los desahucios en España y para hacer efectivo el derecho reconocido en el artículo 47 de la Constitución.

Finalmente, la propuesta socialista, a la que se ha incorporado una enmienda de adición propuesta por IU, ha sido rechazada por la mayoría absoluta del Grupo Popular con 144 votos en contra, frente al resto de los grupos parlamentarios -93 votos a favor-.

Categorías:Destacados, Portada, Sala de prensa.
Etiquetas:, , , , , , , , .


Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos necesarios están marcados *

Puedes usar las siguientes etiquetas y atributos HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>