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20 de febrero de 2015

El alcalde de Gójar (PP) subió el sueldo y concedió una medalla al funcionario imputado por presuntos favores familiares

El PSOE urge a Maldonado a que aclare si su actitud connivente con este empleado está relacionada con otra causa penal que sentará a ambos en el banquillo por favores al hermano del regidor

El diputado provincial del PSOE Miguel Ángel Gamarra ha advertido este jueves de que el alcalde de Gójar y también diputado Francisco Javier Maldonado (PP) amparó, protegió e incluso premió al funcionario municipal denunciado por la Fiscalía Provincial por favorecer a unos familiares con intereses urbanísticos de la localidad.

El representante socialista ha revelado que el regidor del PP no sólo no denunció las “turbias” maniobras del funcionario, al que el Ministerio Fiscal atribuye hasta tres delitos -falsificación documental, negociaciones prohibidas a funcionarios y la infidelidad en la custodia de documentos-, sino que acordó subirle el sueldo en 3.000 euros anuales y asignarle nuevas funciones relacionadas con la tramitación de expedientes sancionadores en materia urbanística. Maldonado “puso de esta manera a una persona no adecuada y que no daba garantías en un puesto de tanta responsabilidad como ése”, ha añadido.

Gamarra ha afirmado además que el alcalde del PP “rizó el rizo” cuando en junta de gobierno local, celebrada el 16 de enero de 2015, decidió elevar una propuesta para conceder al funcionario la medalla de plata del municipio.

El representante socialista ha recordado que tanto el alcalde como el empleado municipal están procesados en el caso Cavifer, que investiga presuntos favores de Maldonado a la empresa constructora a la que pertenecía su hermano, por lo que se ha preguntado si la complicidad del regidor con el funcionario está vinculada a este escándalo. “¿Hay cosas que callar y que ocultar?”, ha planteado Gamarra para preguntarse si acaso “el político protege al funcionario y el funcionario le firma al político”.

A su juicio, la actuación del PP en el municipio de Gójar alcanza “la grosería política” al evidenciar una falta de respeto absoluta por las mínimas pautas legales y formales. “El diputado provincial del PP tiene mucho que explicar o mucho que callar. Si el silencio es su respuesta, está claro que hay una causa funcionario-político para hacer y tapar lo que se ha hecho”, ha agregado.

Gamarra ha explicado que el procedimiento penal contra el funcionario parte de una reclamación por daños y perjuicios presentada por éste por importe de 5.293.952 euros al sostener que fue perjudicado en una tramitación urbanística de índole privado. Según ha indicado el representante socialista, el propio trabajador operaba dentro del Ayuntamiento con objeto de beneficiarse de la operación urbanística.

Una vez truncada esta operación tras el acceso al gobierno de la localidad del PSOE, que anuló el plan parcial a la que estaba sujeta, el funcionario decidió demandar al Ayuntamiento “con el objetivo de atracar a los vecinos”, ha manifestado Gamarra. En este sentido, con el retorno del PP a la alcaldía, el expediente de reclamación patrimonial fue tramitado por la estructura legal y administrativa del Ayuntamiento “ante la inacción del alcalde, que se hizo el sueco”.

Fue la propia secretaria municipal quien advirtió en un informe presentado el 5 de junio de 2014 de la más que posible comisión de un número de delitos importante, entre ellos los de falsificación documental, negociaciones prohibidas a funcionarios y la infidelidad en la custodia de documentos.

Gamarra ha lamentado que el alcalde se limitara a ejercer acciones formales y que en ningún caso persiguiera la actuación del funcionario, a pesar de que la reclamación patrimonial ascendía a más de 5 millones de euros. Ante la inactividad del alcalde, es la secretaria municipal la que se ve obligada a enviar el informe a la Fiscalía Provincial, que abre diligencias de investigación y se inicia de esta manera la causa penal.

El PSOE de Granada ha exigido al Ayuntamiento de Gójar que actúe y responda a lo que verdaderamente demanda la ciudadanía, “transparencia y contundencia ante estos hechos”.

Gamarra ha hecho un llamamiento además al presidente provincial del PP. “¿Va a dar lugar Sebastián Pérez a que además de que le hagan las listas al Parlamento andaluz, también se las hagan en Gójar?; ¿va a tomar medidas o se les van a tomar?”, ha preguntado.

Gamarra ha recordado que Maldonado está a la espera de juicio por el caso Cavifer, en el que se le piden 25 meses de prisión y 22 años de inhabilitación. “Exigimos a Sebastián Pérez una declaración, ya que la callada y el silencio le hace cómplice de lo que está aconteciendo en el municipio”, ha concluido.

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