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“Los continuos reveses judiciales demuestran que Visogsa ha sido un centro neurálgico de los tejemanejes del PP”

Olga Manzano urge a Sebastián Pérez a que destituya al alcalde de Dílar tras la investigación abierta por la Fiscalía por el cobro de dos sueldos

El PSOE de Granada ha urgido al presidente provincial del PP, Sebastián Pérez, a que destituya inmediatamente al actual alcalde de Dílar, José Ramón Jiménez (PP), tras la apertura de diligencias de investigación por parte de la Fiscalía Provincial por el cobro supuestamente irregular de un doble sueldo durante tres meses.

Una investigación que se produce tras la denuncia presentada por el grupo municipal socialista de Dílar por si estos hechos fueran constitutivos de un delito de prevaricación y otro de malversación de caudales público.

La secretaria de Política Municipal, Olga Manzano, ha recordado que Jiménez, días después de dejar el cargo como gerente de la empresa provincial Visogsa el pasado septiembre, aprobó en un pleno municipal asignarse un sueldo como alcalde con dedicación exclusiva y con carácter retroactivo, desde que tomara posesión en junio de su responsabilidad municipal. De esta forma, simultaneó durante tres meses dos sueldos, percibiendo 16.000 euros en su condición de gerente, más otra cuantía de 6.000 euros como alcalde, por lo que se embolsó un total de 22.500 euros de dinero público, ha explicado.

Una actuación, ha recordado Manzano, que evidencia la gestión que del erario público hace el PP y que, en este caso, está prohibida por la Ley de Bases de Régimen Local.

La socialista ha puntualizado que no es el único hecho grave que extiende la duda de la sospecha sobre el que es, como miembro de la dirección provincial de PP, estrecho colaborador de Sebastián Pérez. “Jiménez ha batido todos los récords judiciales en el menor tiempo posible”, ha asegurado la dirigente socialista, quien ha recordado que actualmente está siendo investigado también por el Juzgado de Instrucción 6 de Granada por  la presunta comisión de un delito continuado de prevaricación por realizar cuatro contratos irregulares.

La propia Fiscalía Provincial ha abierto otra investigación tras un informe de la Cámara de Cuentas que detecta indicios de responsabilidad penal por prevaricación por la contratación de un trabajador a través de dos procedimientos presuntamente irregulares.

“Visogsa, centro neurálgico de los tejemanejes del PP”

Tras recordar que el PSOE de Dílar ya presentó el pasado mes de marzo una moción en la que solicitaba la dimisión del regidor, iniciativa que fue rechazada por el PP, Manzano ha planteado a Sebastián Pérez a qué espera para obligarlo a dimitir. “¿Acaso a una cuarta causa judicial?”, ha apostillado.

A su juicio, si el máximo dirigente del PP permanece en silencio y no toma medidas, está demostrando que “comparte este tipo de actuaciones, que su confianza en él es ciega y, además, que no tiene autoridad moral para pedirle responsabilidades porque fue él, como presidente del Consejo de Administración de la empresa, quien daba las órdenes”.

Según ha criticado, Pérez no puede escudarse en el desconocimiento de las decisiones que se tomaban, “porque no cuela”, como tampoco que no supiera nada de las actuaciones urbanísticas, actualmente investigadas en el marco de la Operación Nazarí, que se han adoptado en el Ayuntamiento, donde formaba parte de la Junta de Gobierno local. “Cuanto mayor sea el silencio de Sebastián Pérez, mayor será la sospecha sobre su turbia gestión al frente de Visogsa y de la institución provincial”, ha manifestado.

Manzano ha lamentado que, en lugar de ofrecer explicaciones también sobre otros casos como las supuestas irregularidades detectadas por la Cámara de Cuentas en la empresa, haya optado por “disparar al mensajero” y escudarse en teorías y conspiraciones.

“Lo cierto es que los continuos reveses judiciales contra Sebastián Pérez demuestran que Visogsa ha sido un centro neurálgico de los tejemanejes del PP”, ha asegurado para concluir lamentando el daño “irreparable” de este partido a una empresa pública que tenía como objetivo promover vivienda pública para las personas que peor lo están pasando.

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