Artículos de opinión

Más y mejores recursos y becas para la educación

Entre los numerosos aspectos profundamente negativos de la gestión del gobierno del Partido Popular desde su llegada al poder en 2011, merece una atención especial el recorte tan extraordinario de recursos que ha venido perpetrando en educación, uno de los elementos esenciales de nuestro Estado social, cuestión que viene a añadirse a la nefasta e ideologizada reforma educativa –y, en consecuencia, ayuna de consenso- que ha supuesto la LOMCE. Esta actitud sorprende e irrita por irresponsable e impropia del gobierno de una nación como la nuestra, porque la educación es tanto un derecho como un bien público fundamental que, como tal, requiere de la máxima protección por parte de los poderes públicos y de los particulares. La razón es clara: de ella dependen el desarrollo de la personalidad de todos los educandos y de sus potencialidades vitales. Simultáneamente, la calidad de nuestro sistema educativo determinará de manera profunda el desarrollo socioeconómico del país y sus capacidades de integración en todos los órdenes, el bienestar de sus ciudadanos y, en consecuencia, la generación de igualdad y cohesión social.

Pese a esta evidencia, España se ha situado con el gobierno del Partido Popular a la cola del gasto educativo de los países de la Unión Europea. Si al inicio de la legislatura 2011-2015 era del 4,99% PIB (la media europea era algo superior al 5%), al finalizarla había descendido al 4,31% (la media europea había subido, sin embargo, al 5,25%). Pero las perspectivas no han sido -ni son ahora- mejores, toda vez que en los subsiguientes Programas de Estabilidad se han hecho previsiones encadenadas a la baja. Si el peso del gasto educativo en 2012 era del 4,15 % PIB, y del 4,03 % en 2015, el porcentaje bajaba en la previsión para 2018 al 3,81% y aun sigue más o menos en esta bajísima cota en la correspondiente a 2016-2019 (3,76 %).

Se puede concluir, por tanto, que durante la mencionada legislatura, por primera vez en treinta años, se ha recortado abruptamente el gasto global en educación y se han venido haciendo previsiones sucesivas a la baja para años venideros. Estamos hablando de millones de euros menos para ayudas al estudio, pago a profesores (tanto contrataciones como incentivos), construcción y mantenimiento de edificios educativos, nuevas aulas, apoyos a diversos programas educativos de inclusión y equidad, becas, libros, etc… Para hacernos una idea gráfica en su repercusión en el gasto del Ministerio de Educación, si el presupuesto para 2011 era de 2.843 millones de euros, el de 2016 disminuía a 2.484, esto es, 359 millones menos para educación después de cinco años gobernando y habiendo aumentado considerablemente el número de alumnos de los centros públicos (en torno a un 17 %) mientras, paradójicamente, disminuía el de profesores (en torno al 6%).

El descenso para becas, en particular, ha sido histórico. Desde 2012 en adelante los recursos con esta finalidad han descendido en unos 270 millones de euros y la cuantía media de las becas se ha rebajado en torno a los 600 euros, además de haberse establecido un notable endurecimiento de los requisitos académicos para obtenerla. Solo se ha experimentado una pequeñísima subida del 0,19% en 2016 respecto a 2015. Resulta así imposible garantizar suficientemente la equidad y la igualdad de oportunidades, compensando las desventajas socioeconómicas, objetivos fundamentales del sistema educativo en el marco de nuestro Estado democrático y social y en una sociedad tan lastrada por el desempleo, además de impedirse el pleno despliegue de su funcionalidad para todo el país en su presente y en su futuro.

Por lo que se refiere en concreto al ámbito universitario, la pérdida de igualdad de oportunidades ha venido también de la mano de un considerable aumento de las tasas académicas (en torno a un 40 % de media), de la reforma de la estructura de grados, de diversos recortes de financiación de las universidades públicas y, entre otros aspectos, de un apreciable descenso en la cuantía de las becas por estudiante universitario. Si la media era de 2.530 euros en el curso 2010-11, descendía a 2.064 ya en el curso 2013-14. De recomendable lectura es la reflexión que hoy se publica al respecto en un artículo firmado por A. Asensio en el diario Granada Hoy en el que se da cuenta de la reducción y merma de las becas para los estudiantes universitarios de Andalucía y, más precisamente, de la Universidad de Granada, concretándola en este último caso en un 17,4%, si bien otra universidad andaluza ha salido todavía peor parada (así la de Jaén, con un -18,1%; la UNIA, que baja un 28,5%, tiene otras características que difícilmente permite la comparación).

Todo ello en el marco de una situación en la que miles de personas que estudiaban en universidades públicas han tenido que abandonar sus estudios como consecuencia de la política radicalmente neoliberal de la crisis practicada por el Gobierno, en tanto que las universidades privadas no han cesado de crecer (50 públicas y 33 privadas en la actualidad, que desde 2011 hasta la fecha han triplicado el número de alumnos).

Más allá de la paralización y derogación de la LOMCE y de la mejora de la normativa universitaria, tenemos en nuestro país la imperiosa obligación de dirigir nuestros esfuerzos a establecer un sistema educativo que sea el fruto de un acuerdo sustancial entre las principales fuerzas sociales y políticas, de la mano de la comunidad educativa, que sea estable, de calidad comparable a los más avanzados países de nuestro entorno, inclusivo, respetuoso de la equidad y de la igualdad de oportunidades, adecuado a nuestras necesidades, dentro del marco del consenso fundamental plasmado en la Constitución. Las políticas educativas necesitan desplegarse en el tiempo con continuidad, sin perjuicio de los ajustes que sean precisos. Hay que evitar a toda costa que cada Gobierno que se forme por la alternancia política inherente al sistema democrático tenga que sentir la tentación -o la necesidad- de deshacer lo que en aspectos sustanciales hicieron los antecedentes.

Para conseguirlo es preciso cumplir dos grandes condiciones concatenadas: saber renunciar razonablemente a la tentación de la imposición de modelos fundamentados en concepciones ideológicamente sesgadas, y dotar al sistema educativo de una financiación suficiente y sostenible.

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