Artículos de opinión

Decreto Ley pensado para las familias más vulnerables

El Consejo de Gobierno aprobó, el pasado 28 de Marzo, el Decreto Ley 1/2017 de Medidas Urgentes para favorecer la escolarización en el Primer Ciclo de Infantil en Andalucía. Decreto Ley, hoy, convalidado.

Ha habido en este tema mucho ruido y es por ello que aprovecho este artículo para dirigirme a las familias, sobre todo a las más vulnerables, y también a todas las personas que trabajan en este sector. A las primeras, para decirles que este Decreto Ley está hecho precisamente pensando en ellas, y más concretamente para que sigan teniendo garantizado que sus hijos e hijas puedan acceder a la escolarización en este primer ciclo de la Educación Infantil. A las segundas, para trasladarles tranquilidad, ya que este Decreto no va a afectar a sus empleos.

Tal vez sea necesario recordar que este Ciclo de la Educación Infantil, que abarca desde los 0 hasta los 2 años de edad, no es un ciclo ni universal ni obligatorio, es decir que no atiende a toda la población. Tampoco es gratuito. En definitiva, no es un derecho. Pero lo que sí es, es una apuesta política del Gobierno Andaluz. Una apuesta que no es solo de hoy, sino de hace más de 15 años.

En la actualidad, Andalucía es la Comunidad Autónoma que más invierte en términos absolutos y relativos en el primer ciclo de la Educación Infantil, es la que más plazas oferta con un total de 98.003 (un 56 % más que hace 15 años), es la establece mayores ayudas a las familias ya que el 93 % de ellas reciben algún tipo de bonificación y el 47,6 % de ellas alcanzan el 100 % de la bonificación.

Y las políticas que han favorecido este ciclo en Andalucía, han pivotado en varios ejes (entre ellos ayudas para la construcción y el equipamiento de los centros), pero uno es considerado fundamental: el sistema de bonificaciones al precio de la plaza establecido por normativa desde 2002.

Sí, así es. Gran parte de la inversión que la Junta de Andalucía destina para favorecer este ciclo, es para bonificaciones al precio la plaza, es decir una cantidad de dinero que se descuenta de lo que a las familias le costaría ese servicio si no hubiese ningún tipo de ayudas, y que hacen disminuir lo que tienen que pagar por hijo/a escolarizado en este ciclo. Una ayuda directa a la familia que de corresponderse con ese 100% de bonificación, significaría una ayuda de 3.076,68 € al año por cada niño/a. Bonificaciones que no “cheques-guardería” que tiene Madrid y que da un máximo de 160 € mensuales. Bonificaciones que no “deducciones en el IRPF” que oscilan entre 100 o 600 euros al año de otras CCAA. Bonificaciones y no ausencia de ayudas como en Cataluña. Bonificaciones que llegan directamente, mes a mes de manera minuciosa y previa cesión de las familias, a las administraciones locales, pymes y entidades de la economía social para que estas no sientan asfixia a la hora de poder cumplir con sus obligaciones de pagos ni a proveedores ni a los empleados y empleadas.

Un modelo de ayudas a las familias que tras 8 años de pervivencia ha sido conveniente modificar en función de lo indicado por la Intervención General de la Junta de Andalucía y la Cámara de Cuentas en el último trimestre del 2016. Varios han sido los modelos alternativos propuestos por la Consejería de Educación a estos Órganos de Control y solo uno ha sido el que contaba con todas las garantías jurídicas: el Decreto Ley 1/2017 de Medidas Urgentes para favorecer la escolarización en el primer en el Primer Ciclo de Infantil en Andalucía. Era, el modelo de ayudas que prevé este Decreto Ley o la ausencia de regulación de ayudas y por tanto oportunidades perdidas para niños y niñas cuyas familias no pudieran pagar este servicio socioeducativo. Este Decreto Ley era y es el único posible, no existía otra alternativa.

Esto es algo que sabían los grupos políticos que se opusieron a la convalidación del Decreto Ley (IU, PODEMOS y PP) pero que no les pareció suficiente razón para cambiar de opinión.

El reflejado en el Decreto Ley es un nuevo modelo que ha sabido, a pesar de las dificultades, seguir fomentado la escolarización en este ciclo y sobre todo responder a la voluntad política con la que viene comprometiéndose el Gobierno Andaluz:

Por un lado, el compromiso de ofertar más plazas no solo para favorecer la conciliación de la vida laboral y familiar sino también y más importante, el desarrollo social, emocional e intelectual de los y las más pequeñas. Un compromiso de la Presidenta, Susana Díaz, en su discurso de investidura. Así el nuevo modelo prevé ofertar hasta unas 113.000 plazas. Algo que no es valorado por IU, Podemos y PP.

Por otro, la voluntad de incorporar más centros a la red de entidades colaboradoras, con la intención de que haya las máximas posibilidades de que independientemente de donde vivan los niños o niñas puedan acceder a una plaza bonificada. Pero también por la voluntad de seguir apoyando a un sector basado en la economía social y con empleo feminizado, que ha crecido de manera exponencial en los últimos años y que supone hoy unos 15.000 empleos directos. También estos centros se verán apoyados por la Administración porque así lo han decidido voluntariamente y siempre que cumplan con los requisitos que establece la normativa, como ya lo venían haciendo.

Y por último, el hacer el sistema más justo, aumentando la progresividad de las bonificaciones siempre en función de los ingresos familiares, adaptando el modelo a las nuevas situaciones socioeconómicas de las familias que con la crisis se vieron alteradas y en algún caso no han experimentado cambios. Bonificaciones más progresivas conlleva un modelo más justo. Un modelo que no se olvida de las familias más vulnerables porque está hecho precisamente pensando en ellas.

Ha habido en este tema mucho ruido decía. A los que hacían ruido no les escuche hablar de las familias vulnerables y de que nada iba a cambiar para ellas, esto es que, casi la mitad mantendrían su bonificación del 100% del coste de la plaza, pero si les escuché hablar una y otra vez de liberalización del servicio. Pero ese no es el modelo andaluz. El modelo andaluz interviene en el sector con 175, 4 millones de € en este ejercicio presupuestario y que se va a ver incrementado en los próximos, interviene estableciendo un precio máximo y un precio mínimo al que prestar el servicio e interviene directamente en las relaciones laborales, determinando el número de personas contratadas y sus categorías profesionales.

Para terminar, incidir en que es la normativa estatal quien no reconoce este primer ciclo de la educación infantil ni como universal, ni obligatorio, ni gratuito. Esto es algo de lo que el Partido al que pertenezco, PSOE, ha debatido, hablado y hasta visto como planteamiento de futuro. Tal vez si otros hubiesen estado en un momento determinado pendientes de lo que realmente afectaba y afecta a la gente y no hubiesen estado obsesionados con el sorpasso, hoy esta realidad podría estar cambiando.

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