Artículos de opinión

Presupuestos Generales del Estado: restrictivos, injustos y frustrantes

Los Presupuestos Generales del Estado que ha presentado el Gobierno Rajoy para su examen, enmienda y aprobación por las Cortes Generales son, como cabía esperar, muy restrictivos, injustos y frustrantes. Congelan el gasto público, con un ajuste de más de catorce mil millones de euros, suponiendo tan solo un mínimo incremento (1.3% ) respecto del Presupuesto de 2016. Se mantienen así la mayor parte de los ajustes ya realizados a mediados del pasado año cuando se produjo el llamado “cerrojazo presupuestario”.

Estos presupuestos vuelven a olvidar a la amplia mayoría de españoles que más ha sufrido los efectos de la crisis y, por el contrario, siguen beneficiando a quienes más tienen y menos necesitan. Perjudican a más de 12 millones de personas entre pensionistas, funcionarios, trabajadores de toda clase, desempleados, dependientes, jóvenes, estudiantes…, afectando así muy negativamente a la mayoría de las familias, por lo que seguirán sembrando más desigualdad.

Las pensiones que reciben 9 millones de españoles (uno de cada cuatro) prácticamente se congelan, pues solo suben un mísero 0,25 por ciento en un marco de previsión de inflación del 3%. De esta manera, lo único que tienen asegurado los pensionistas es la continuidad de la pérdida de su poder adquisitivo, cuando muchos de ellos son los que están sosteniendo en buena medida a sus familias en los abundantes casos en los que algunos de sus integrantes están sufriendo el paro. Traen, por otra parte, un fuerte aumento de la presión fiscal (7.9%). Suben la mayoría de los impuestos (IVA, IRPF, Sociedades, Impuestos especiales…), pero la mayor carga la seguirán soportando las clases medias y menos favorecidas, mientras que injustamente siguen beneficiándose más los que más tienen. Lo mismo pasa con los empleados públicos, que seguirán perdiendo poder adquisitivo.

Se suma a todo ello que las principales partidas de gasto bajan considerablemente, como ocurre, por citar algunas, con las transferencias a las CCAA (-1.2%), los servicios de carácter general (-27.2%), el gasto destinado a combatir el desempleo (- 6.6%) y la política de vivienda (-20%). Cae también el gasto dedicado a cultura, que no recoge la recuperación de la que tanto vienen alardeando el Gobierno Rajoy y el PP. Y, sin embargo, se dispara el presupuesto militar hasta un 32% (aunque ciertamente se deba en parte a que ahora se reflejan gastos que antes también se hacían y no se recogían en los PGE). En educación hay una subida moderadísima, ridícula, imperceptible (1.7%), en la que las becas y ayudas al estudio solo aumentan un 0,3% y en un contexto inflacionario. Esto es, el aumento es solo de 4 millones, una partida a todas luces insuficiente, que no cubrirá ni tan siquiera el aumento del coste de la vida, de la que, pese a ello, también está alardeando el PP. Son, por el contrario, muy escasas las partidas que aumentan los recursos, como sucede en justicia (+7.7%). En otros casos, como en sanidad y servicios sociales, el aumento es mínimo, insuficiente, y sigue muy por debajo de los niveles anteriores a los grandes recortes que se han venido practicando durante el nefasto quinquenio de gobierno del PP, desde noviembre de 2011 hasta la fecha. En definitiva, los escasos aumentos en políticas sociales son ridículos y mantienen la situación de austeridad malentendida a toda costa.

Otro dato fundamental de carácter negativo es que cae la inversión de manera espectacular, incluso en Cataluña, pese a lo anunciado por Rajoy a bombo y platillo hace escasas fechas. Entre las CCAA que salen peor paradas se encuentra precisamente Andalucía, que sufre un espectacular descenso del 36%. Tampoco hay un Plan de Empleo específico para Andalucía, pero sí para otras Comunidades, como Canarias, que es la única que crece en inversiones, aunque sea con un modestísimo 2.5%. El Corredor Mediterráneo se queda prácticamente sin contenido en nuestra tierra. Este tremendo recorte llega además cuando se dejan de percibir los más de 2.300 millones que el Estado sigue debiendo a Andalucía por la no aplicación de lo dispuesto en la Disposición Adicional Tercera de nuestro Estatuto. Esto afectará de forma profundamente negativa, sin duda, a las posibilidades de desarrollo de nuestra Comunidad Autónoma. Los recortes más importantes en inversión se producen en infraestructuras: en ferrocarriles, en carreteras, en puertos, en obras hidráulicas. Solo sube muy ligeramente en aeropuertos.

Particularmente hiriente y profundamente negativo es que el Gobierno del PP pretenda seguir sin dedicar ni un solo euro a la Memoria Histórica. Si en 2011 se presupuestaron más de seis millones de euros por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, desde 2013 este programa ha sido vaciado por completo de contenido. Se desoye así el mandato del Congreso de los Diputados, que recientemente aprobó en la Comisión Constitucional, a iniciativa del Grupo Socialista, una Proposición no de Ley para la efectiva aplicación y desarrollo de la Ley de Memoria Histórica, en la que se instaba al Gobierno, entre otros muchos aspectos, a “reanudar las políticas públicas destinadas a la recuperación de la memoria histórica con su correspondiente dotación de las necesarias partidas presupuestarias”.

En conclusión, casi todas las partidas de gasto experimentan importantes recortes o, en algunos casos –muy pocos-, pequeñas subidas que son notoriamente inferiores al crecimiento nominal de la economía. Se trata, por tanto, de unos presupuestos que una vez más son injustos con las clases medias y las familias más desfavorecidas, que seguirán generando desigualdad y sufrimiento, haciendo cada vez más difícil la cohesión social. Estos Presupuestos continúan ubicándose en el objetivo político de la derecha de recortar, reduciendo cada vez más el Estado social, sustentando un modelo basado en una austeridad malentendida y a ultranza, la devaluación de los salarios y la precarización del empleo.

Por estas razones, el PSOE no apoyará estas cuentas que perjudican, insisto, a más de doce millones de españoles de forma directa, así como al conjunto del desarrollo del país y, en consecuencia, votará en contra en el debate de totalidad. Votará en contra porque representan todo lo contrario de lo que los socialistas defendemos y promovemos. Fundamentalmente lo siguiente:

-Reformar el sistema fiscal para que paguen más quienes más tienen, conforme al principio de progresividad, para reducir así la tremenda y galopante desigualdad que se ha venido generando. En particular, reformar en profundidad el impuesto de sociedades y combatir la gran bolsa de fraude fiscal, haciendo posible de esta manera obtener más recursos para una mejor redistribución.

– Recuperar el peso de los salarios y apostar por un empleo de calidad, reduciendo la precarización del sistema laboral introducida por la regresiva reforma del PP, que es preciso derogar.

– Mantener y desarrollar todos los derechos, servicios y prestaciones sociales, incluida la dependencia, racionalizándolos y dedicándoles más recursos. Vincular las pensiones al incremento del IPC y que se aumenten las becas. Y, entre otros aspectos, que se rebaje el IVA a toda la cultura.

-Fortalecer las inversiones sin arbitrariedades ni discriminación alguna, porque significan creación de empleo, modernización, competitividad, desarrollo económico y vertebración en todos los órdenes.

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