Artículos de opinión

Un mandato del Congreso: cumplir y desarrollar la Ley de Memoria Histórica

Hace un par de meses, a principios de Marzo, la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados, a iniciativa del Grupo Parlamentario Socialista, debatió y aprobó una Proposición No de Ley para la aplicación efectiva y el desarrollo de la Ley 52/2007, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura, más conocida como Ley de Memoria Histórica. Esta misma iniciativa ha sido llevada la semana pasada al Pleno de la Cámara, que la aprobó con una aplastante mayoría, con la abstención del Partido Popular y de Esquerra Republicana de Cataluña.

Con ello el Congreso de los Diputados ha enviado al Gobierno un mandato muy claro y preciso para que se apliquen y desarrollen todas las medidas que se especifican en la Proposición cuyo objetivo fundamental es superar de una vez esta asignatura pendiente de la democracia, largamente demorada: establecer la verdad, recuperar y restaurar la dignidad vulnerada de las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura, así como la de sus familiares, hacer justicia y contribuir a la concordia de todos los españoles, porque la democracia no puede cimentarse sobre el olvido. Como reza el subtítulo del libro “La Memoria de Todos”, editado por la Fundación Alfonso Perales y coordinado por los Profesores Fernando Martínez López y Miguel Gómez Oliver, “las heridas del pasado se curan con más verdad”. Todos debemos estar persuadidos de que afrontar la verdad de nuestro pasado es, sin ninguna duda, un deber democrático y moral.

Se ha repetido una y otra vez que esta iniciativa no sirve de mucho, porque no vincula jurídicamente. Esto último es verdad porque las PNLs no tienen este efecto de acuerdo con la Constitución y el Reglamento de la Cámara. Pero no lo primero. Sirve, tiene que servir, porque responde a la función de orientación política general que realiza el Parlamento y, en esa medida, supone una obligación política del Gobierno atender a lo que le demanda mayoritariamente la Cámara. Una demanda, por cierto, inédita hasta hoy en esta materia, en la que una amplísima mayoría, con la abstención de la formación política que sostiene al Gobierno, avala la posición que se recoge en la Proposición para cumplir y reactivar la Ley de Memoria Histórica, que está vigente, y adoptar nuevas medidas de desarrollo. Si el Gobierno del Partido Popular la ha mantenido vacía por completo de contenido hasta el día de la fecha, el Congreso le exige que, como ley vigente, la cumpla, la haga cumplir y la desarrolle. Así las cosas y de esta manera indirecta, puede sostenerse también que la Proposición despliega un efecto ineludible de vinculación jurídica para retomar, cuando menos, todas aquellas medidas que nazcan de la Ley 52/2007. Otra cosa es que el Gobierno opte por seguir manteniéndose en la posición de insumiso ante la ley por motivaciones ideológicas.

Es de lamentar, por otra parte, que por razones mediáticas el desarrollo informativo sobre esta iniciativa y la decisión del Congreso se haya centrado, prácticamente en exclusiva, en una sola de las medidas: la exhumación de los restos de Franco de este entorno y su entrega a sus familiares para que sean inhumados donde decidan y corresponda, pues sin ello sería imposible la redefinición y resignificación de este lugar para que deje de ser un lugar de conmemoración nacionalcatólica y se convierta en un lugar de Memoria democrática, de conocimiento de la verdad y la cultura de la reconciliación y de dignificación de las víctimas (Recomendación 31 del Informe de la Comisión de Expertos para el Futuro del Valle de los Caídos, de 2011).

Por este motivo no se han difundido otras muchas e importantes medidas que esta Proposición recoge, en torno a una veintena, como son, entre otras, las siguientes: Asumir por los poderes públicos, en colaboración con las asociaciones y con financiación suficiente, las tareas de localización de fosas y exhumación e identificación de los restos de las víctimas, para que puedan tener un entierro digno y ser honradas por sus familiares. Promover la creación de bancos de ADN. Recuperar y potenciar la Oficina de Víctimas. Impulsar la retirada de símbolos y monumentos franquistas. Ampliar el acceso a la nacionalidad española a los colectivos que todavía no han podido beneficiarse del mismo. Elaborar un censo de infraestructuras y obras realizadas con trabajo esclavo de represaliados para que su memoria sea reconocida y honrada. Llevar a cabo el cumplimiento completo del Informe de los Expertos sobre el futuro del Valle de los Caídos para resignificar ese espacio. Excluir de toda financiación pública a cualquier organización o entidad que ensalce o defienda la figura del dictador, el nazismo, la xenofobia o cualquier otra expresión discriminatoria o vejatoria para las víctimas. Promover una Comisión de la Verdad. Estudiar y abordar la cuestión de la nulidad de las condenas dictadas por los tribunales penales franquistas contra quienes defendieron la legalidad republicana. Fomentar en el sistema educativo el conocimiento que se derive de la investigación realizada sobre Memoria histórica.

Sería muy conveniente que la información que se ofrece en los medios sobre esta materia, por responsabilidad, no se centrara solo en la explotación de lo que pueda excitar más el interés noticioso, con un cierto morbo y con olvido de lo demás. Quienes más afectados están en esta materia, quienes fueron víctimas y siguen todavía vivos, los familiares de aquellas y las asociaciones de Memoria, se centran, sin embargo y con toda razón, en lo que hoy por hoy es fundamental y más urgente: recuperar los restos de los seres queridos desaparecidos, que están en fosas comunes, en el Valle de los Caídos, en montes o en cunetas u otros lugares, para poder darles una sepultura digna. Para ello piden que se adopten las medidas necesarias, como ya exigiera hace años el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. España es el segundo país del mundo con más desaparecidos, con más de 2.500 fosas sin abrir. Así nos han hecho llegar esta demanda en una carta reciente los coordinadores de treinta y cinco asociaciones.

Esto mismo es justamente lo primero que hemos incluido en nuestra ya aprobada Proposición No de Ley: la reanudación de “las políticas públicas destinadas a la recuperación de la memoria histórica con su correspondiente dotación de las necesarias partidas presupuestarias”; y, en particular, “la realización de las actuaciones necesarias para la localización y exhumación de fosas e identificación de los cadáveres, removiendo los obstáculos que lo impiden, como ejercicio inexcusable de dignificación que dé por cerrada la herida de las desapariciones forzadas. Dar un entierro digno a los restos de quienes todavía yacen anónimamente en montes y cunetas debe ser un deber de los poderes públicos para con las víctimas y sus descendientes”. Para todo ello consideramos imprescindible “proporcionar un mayor apoyo institucional, legal y financiero a los familiares y asociaciones de víctimas, caminando así hacia una mayor dignificación y reconocimiento de su trabajo”.

El Gobierno tiene ahora la gran oportunidad de rectificar su calculado inmovilismo en esta materia y adoptar una actitud más positiva cumpliendo el mandato del Pleno del Congreso. Por nuestra parte, haremos un seguimiento de esta iniciativa y adoptaremos otras en los terrenos legislativo y de control. Con la convicción de que estamos cumpliendo con un deber desde los principios de concordia, justicia, verdad y dignidad, y con el apoyo y colaboración de la ciudadanía y de las asociaciones, seguiremos en el empeño hasta conseguir el cumplimiento y desarrollo de la Ley de Memoria Histórica, una demanda inexcusable de nuestra democracia.

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