El PSOE advierte de que el Gobierno pretende liquidar los programas de donación y trasplantes en los que Granada es pionera
El grupo socialista exige la comparecencia urgente de la ministra de Sanidad en el Congreso de los Diputados para que dé explicaciones
El diputado socialista y portavoz del PSOE en la Comisión de Sanidad del Congreso, José Martínez Olmos, ha denunciado hoy que el Gobierno deja en el aire los programas sanitarios de donación y trasplantes de órganos, en los que Granada es una provincia puntera y todo un referente, al retirar las ayudas y subvenciones a los programas de formación en éste ámbito y condicionarlas al control del déficit.
Granada será una de las provincias más perjudicadas por esta decisión “unilateral y equivocada” del Gobierno de no financiar estos programas formativos, ya que en los centros sanitarios granadinos se llevaron a cabo durante el año pasado 109 trasplantes, 73 renales y 36 de hígado, según ha detallado Martínez Olmos.
También se verán gravemente afectadas las actividades de formación en el Parque Tecnológico de Ciencias de la Salud, donde se desarrollan cursos de coordinadores de trasplantes hospitalarios procedentes del territorio nacional, pero también de Iberoamérica. De hecho, estas iniciativas han atraído en los últimos años a unos 320 profesionales, que buscan formarse en Granada y que permiten además extender la estrategia de donaciones y trasplantes, según ha explicado el representante socialista.
Especial incidencia tendrá además en toda la comunidad andaluza esta decisión del Gobierno central. Sólo durante 2012, Andalucía registró 734 trasplantes -12 más que el año anterior- de los que 71 fueron de donantes vivos, unos datos que evidencian, según el diputado socialista, un continuado incremento relacionado con la evolución de las técnicas y el esfuerzo formativo de los profesionales. La comunidad autónoma es de hecho la región con más donantes por habitante del mundo, ya que se contabilizan 36,1 donantes por millón de habitantes, cuando la media en Europa está en 18 donantes por millón y en Estados Unidos, en 26 donantes por millón.
El representante socialista ha recordado que el Ministerio de Sanidad lleva 20 años dando apoyo sistemático a las actividades de formación de profesionales sanitarios en materia de trasplantes y donación de órganos, lo que ha permitido situar a España como líder mundial en este ámbito. Además, ha destacado que la acción coordinada ha permitido que el sistema funcione de manera cohesionada y que los órganos sean trasladados de una comunidad a otra en función de los centros de referencia, que dan servicio independientemente de que los pacientes residan o no en la comunidad donde son intervenidos.
Así, si el objetivo de déficit se impone sobre el objetivo de atender a la salud de las personas, ha apuntado Martínez Olmos, se genera una enorme discriminación, en tanto que aquellos profesionales y pacientes que vivan en una comunidad que no cumplan con el déficit se verán castigados con menos recursos en estos programas.
El representante socialista ha indicado además que los fondos no sólo se destinan a la formación de los médicos y enfermeras en materia específicamente técnica como son intervenciones quirúrgicas o tratamientos, sino que también van dirigidos a la formación de todo el personal que trabaja en el entorno de familiares de pacientes susceptibles de ser donantes, o a la elaboración de materiales didácticos en un ámbito en continua evolución.
Martínez Olmos ha avanzado que la decisión del Gobierno afecta no sólo a los programas de trasplantes, sino también a todos aquellos otros en los que la administración central colabora con la autonómica. Es el caso de programas relacionados con el sida, con la prevención y el consumo de drogas o con la calidad asistencial en los hospitales.
Ante ello, el PSOE ya ha presentado una iniciativa en el Congreso para exigir la comparecencia urgente de la ministra de Sanidad y que ofrezca explicaciones. “Exigimos una rectificación inmediata para todos los programas sanitarios, ya que no podemos consentir una política de control del déficit que perjudica claramente la salud de los ciudadanos”, ha afirmado.