Elvira Ramón denuncia el “importante impacto presupuestario en ayuntamientos y Comunidades Autónomas” que supone esta medida.

El PSOE ha presentado una proposición no de ley en el Congreso de los Diputados para que se regule “adecuadamente” la figura del consumidor vulnerable en relación con el bono social eléctrico.

Los socialistas piden que se reforme el real decreto regulador de la figura del consumidor vulnerable, el bono social y otras medidas de protección para los consumidores domésticos de energía eléctrica.

También quieren que se apruebe una norma que impida el corte del suministro de gas a los consumidores vulnerables, mediante el acuerdo del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, según ha informado hoy el PSOE en un comunicado.

El real decreto 897/2017 define la figura del consumidor vulnerable asociándola a determinados umbrales de renta, y establece tres categorías: vulnerable, vulnerable severo y en riesgo de exclusión social.

Según la norma, se evitará el corte de suministro eléctrico a los hogares que acrediten la condición de vulnerabilidad severa si los servicios sociales (locales o autonómicos) abonan la factura.

Ante una situación de impago, si las administraciones competentes en servicios sociales no abonan, al menos, el 50 % de la factura de un consumidor en riesgo de exclusión social, le cortan el suministro.

Según la portavoz socialista de Servicios Sociales en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales en el Congreso de los Diputados, Elvira Ramón, “numerosos expertos y organizaciones sociales han señalado que ésta no es la manera adecuada de abordar el problema”.

Además, Ramón ha denunciado el “importante impacto presupuestario en ayuntamientos y Comunidades Autónomas45″ que supone esta medida, que no está “ni previsto ni pactado” en el seno del Consejo Territorial de Servicios Sociales, así como las “desigualdades territoriales” que puede conllevar.

El grupo socialista reclama que se incluya en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) “una cantidad suficiente para sufragar el coste de la protección al consumidor vulnerable” de manera que “no se haga recaer en las administraciones territoriales titulares de los servicios sociales”.

Los PGE no contemplan el impacto de la medida y el Gobierno traslada a las CCAA y a los ayuntamientos “una enorme carga económica sin ninguna compensación y una sobrecarga de gestión a los profesionales de servicios sociales, que cada vez tienen más demanda y menos recursos”, ha criticado.

Igualmente, el real decreto incorpora como beneficiarios a las familias numerosas, sin tope de renta, mientras que las familias monoparentales o las personas que viven solas no son tenidas en cuenta, ha lamentado.