El PSOE pide explicaciones a Rocío Díaz tras reconocer Cetursa la vulneración del derecho a huelga de su plantilla
Olga Manzano afirma que la admisión judicial de los hechos por parte de la empresa pública “es muy grave” y reclama responsabilidades políticas a la consejera de Fomento
El PSOE de Granada ha exigido a la consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de la Junta de Andalucía, Rocío Díaz, que explique por qué Cetursa, empresa pública dependiente de su departamento, vulneró el derecho fundamental de huelga de los trabajadores y trabajadoras de Sierra Nevada durante el conflicto laboral vivido a principios de 2025.
La parlamentaria andaluza Olga Manzano ha señalado que el reconocimiento judicial por parte de Cetursa de que realizó contrataciones para sustituir a personal que secundaba la huelga constituye un hecho de “enorme gravedad” que trasciende el ámbito laboral, por lo que le exige que asuma responsabilidades políticas.
“Estamos hablando de una empresa pública que ha reconocido judicialmente haber vulnerado un derecho fundamental recogido en la Constitución. No es una cuestión menor, ni una simple discrepancia laboral, sino un ataque a un derecho básico de los trabajadores y trabajadoras”, ha subrayado.
Manzano ha considerado “inadmisible” que una administración pública, que debe ser ejemplo de respeto a la legalidad, termine reconociendo ante un juzgado que actuó vulnerando un derecho constitucional.
“Cuando una empresa pública admite una vulneración de este tipo, las responsabilidades no pueden quedarse únicamente en el ámbito judicial. También existe una evidente responsabilidad política”, ha afirmado.
Por ello, la socialista ha reclamado a Rocío Díaz que “explique públicamente qué instrucciones dio, a quién se las dio y por qué se permitió sustituir a trabajadores que ejercían legítimamente su derecho a la huelga”, además de aclarar “si piensa asumir alguna responsabilidad por unos hechos tan graves”.
Para el PSOE, este reconocimiento judicial evidencia una forma de gestionar los conflictos laborales basada en la vulneración de derechos en lugar del diálogo y la negociación.
“La Junta de Andalucía no puede exigir el cumplimiento de la ley a los demás mientras ella misma vulnera un derecho fundamental de los trabajadores y trabajadoras. Esto es inadmisible, inconcebible y grave”, ha concluido Manzano