El PSOE exige una financiación pública sostenible para colectivos como AGDEM y urge a la Junta a desbloquear el grado III+ para las personas con esclerosis múltiple
Los socialistas hacen suya la demanda principal de la entidad: poner fin a la incertidumbre económica para garantizar los tratamientos y la autonomía personal de los pacientes con Esclerosis Múltiple
El secretario general del PSOE de Granada, Pedro Fernández, junto a la secretaria coordinadora de Políticas del Estado de Bienestar de la formación provincial, Nuria Gutiérrez, han visitado las instalaciones de la Asociación Granadina de Esclerosis Múltiple (AGDEM) para trasladarle su respaldo e intercambiar impresiones con su presidenta, Caridad Peregrín, y con el equipo directivo y técnico de la entidad.
Durante el encuentro de trabajo, los dirigentes socialistas han conocido de primera mano las principales reivindicaciones del colectivo, situando en el centro la necesidad urgente de contar con una financiación pública estable y sostenible. Desde AGDEM han trasladado que esta estabilidad financiera es imprescindible para acabar con la constante incertidumbre económica y asegurar que las personas enfermas mantengan el acceso continuado a los tratamientos rehabilitadores, fisioterapéuticos, psicológicos y asistenciales indispensables para preservar su autonomía personal e independencia.
“Hablamos de personas que conviven con una enfermedad neurodegenerativa progresiva y de familias que asumen una sobrecarga emocional y económica muy severa. No se puede dejar la calidad de vida de estos pacientes a expensas de la incertidumbre presupuestaria como está haciendo la Junta de Andalucía negándoles un marco de financiación duradero que asegure sus cuidados y su autonomía”, ha subrayado Pedro Fernández.
Durante la visita ha puesto en valor el impulso de normativas como la Ley ELA y su desarrollo reglamentario —dotado con 500 millones de euros a nivel estatal para cobertura 24 horas a casos graves y la agilización de trámites— o la reforma de la Ley de la Dependencia que blinda la financiación de la dependencia, incrementa la aportación estatal, flexibiliza la compatibilidad de las prestaciones y aumenta la financiación para las personas con grado II y III.
Al tiempo que ha exigido a la Junta de Andalucía que se tome en serio la situación en la que se encuentran las personas que sufren esta enfermedad, aplique la Ley ELA para que los casos más graves puedan acceder al grado III + y sea diligente en la gestión de la dependencia y en los fondos que le transfiere el Gobierno de España.
“No es posible que la comunidad que más transferencias recibe para la atención de la dependencia, esté a la cola en tramitación de las ayudas, las demoras son insostenible, están provocando un sufrimiento innecesario a las personas dependientes y a sus familias y una carga económica imposible de soportar”.