Noticia

16 de febrero de 2017

El PSOE urge al Gobierno a que flexibilice las obligaciones fiscales de las ayudas a jóvenes agricultores

Los socialistas pedirán en el Parlamento que la tributación sobre el IRPF de los beneficiarios se amplíe de 1 a 5 años, período mínimo exigido de mantenimiento de actividad

El parlamentario andaluz Miguel Castellano ha anunciado que pedirá al Gobierno de España una disminución del impacto de la fiscalidad en las ayudas a jóvenes agricultores destinadas a la creación de empresas, a través de la imputación de su tributación en cinco años, periodo que coincide con el compromiso temporal de mantenimiento de la actividad por parte de los beneficiarios.

Para ello, Castellano ha avanzado que su grupo defenderá en el Parlamento andaluz una proposición no de ley en la que también solicitará al Ejecutivo central que incluya dicha flexibilización en la Ley de Presupuestos del Estado, mediante una disposición específica, proporcionando así una garantía jurídica a los beneficiarios de este periodo.

El parlamentario socialista ha abundado en la importancia de estas ayudas que la Junta incluye en su Programa de Desarrollo Rural para aquellos jóvenes que se establecen por primera vez en una explotación agraria para favorecer la creación de empresas.

Según ha subrayado, esta iniciativa está siendo una herramienta “esencial” para impulsar el necesario relevo generacional en el sector agrario, toda vez que promueve “la primera instalación de nuestros jóvenes en explotaciones rentables, competitivas e innovadoras” y ha recordado que en 2015 se invirtieron 12, 1 millones de euros para este fin en Granada.

El apoyo a los jóvenes “mejor capacitados profesional y empresarialmente” o el impulso a la innovación y las nuevas tecnologías para aumentar la rentabilidad de las producciones y conseguir explotaciones “mejor dimensionadas, más sostenibles y más competitivas” son sólo algunos de los objetivos que se persiguen con estas iniciativas, que pretenden además favorecer el empleo agrario asociado a los proyectos beneficiarios y, en consecuencia, frenar la despoblación del medio rural.

Al tratarse de una medida de apoyo dirigida al ejercicio de la actividad agraria, el Programa de Desarrollo Rural la supedita al desarrollo de un Plan Empresarial en el que se detalle la situación inicial de la explotación agraria, se fijen los hitos, objetivos y acciones requeridas para el desarrollo de las actividades de la explotación, incluidas las relacionadas con la sostenibilidad medioambiental y la eficiencia de recursos.

Las bases reguladoras contemplan, asimismo, el compromiso de mantener la actividad durante cinco años, una condición que en caso de incumplimiento supondría el reintegro de la ayuda.

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