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1 de mayo de 2023

El Tribunal de Cuentas abre diligencias para investigar posible menoscabo de fondos públicos en el contrato de basura adjudicado por el Ayuntamiento de Dílar (PP)

El portavoz socialista de la localidad, Aureliano Martín, considera que se ha producido un perjuicio claro al Consistorio, además de perjudicar el empleo del municipio

El Tribunal de Cuentas ha abierto diligencias preliminares para investigar posible menoscabo de fondos públicos en el contrato de recogida de basura adjudicado por el Ayuntamiento de Dílar, gobernado por el PP, tras poner el Grupo Municipal Socialista en conocimiento de este órgano el incumplimiento por parte de la adjudicataria de las condiciones estipuladas y la negativa del alcalde, José Ramón Jiménez (PP), a pedir responsabilidades.

La Sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas ha desestimado el recurso del gobierno municipal del PP y, atendiendo al planteamiento de la Fiscalía, se ha reafirmado en la intención de investigar los hechos denunciados por el grupo socialista en el Ayuntamiento y determinar el alcance contable.

El contrato fue firmado en 2014, por un periodo de diez años, con la empresa Lirola Ingeniería y Obras SL. Fijó el precio por tonelada en 116,35 euros más IVA y en una de sus cláusulas, la décima, referida a medios personales y materiales, estableció que habría dos trabajadores para desempeñar las tareas de retirada de basura: conductor de camión y peón.

Sin embargo, en septiembre de 2020, el grupo socialista alertó de que el camión no iba con los dos operarios recogidos en contrato y proponía que se iniciara un procedimiento para sancionar este incumplimiento.

El PP, como detallaba la denuncia, fue retrasando la respuesta a las iniciativas planteadas por el Grupo Socialista exigiéndole que tomara medidas y rechazó la apertura de un expediente dando por buenos los argumentos de la empresa, que se escudó en la pandemia y alegó que se había optado por “dejar solo al operario de la cabina del camión para así minimizar el riesgo de contagio”.

No fue hasta el 31 de enero de este año, con la denuncia ya en la Sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas, cuando el alcalde dicta un decreto requiriendo a la empresa adjudicataria que preste el servicio “tal y como se pactó en el contrato”, es decir, con conductor y peón, argumentando que “ya habían desaparecido las causas que justificaban la prestación del contrato solo por un trabajador”.

La fecha de ese decreto no ha pasado desapercibida para la Fiscalía del Tribunal de Cuentas, como recoge el auto resaltando que fue adoptado “después de interpuesta la denuncia que da inicio al presente procedimiento”.

La Fiscalía es contundente y considera que “el menoscabo existe” y lo que habrá que determinar con las diligencias que se practiquen es el importe, “puesto que se prestó el servicio, consintiéndolo el Ayuntamiento, con la mitad de personal que establecía el contrato”.

Así, agrega que deberá aclararse “el lucro del contratista durante los tres años a lo largo de los que ha prestado el servicio con un empleado en vez de los dos que figuraban en el contrato de concesión”. Y apunta que la emergencia del COVID-19 “no justificaba, antes, al contrario, reducir los efectivos delicados a la limpieza de las calles, pero en todo caso lo habría justificado apenas unos meses, durante el confinamiento, pero no antes ni después”.

“Un claro perjuicio” para el Ayuntamiento

Para el portavoz socialista de la localidad Aureliano Martín, se ha producido “un claro perjuicio” al Ayuntamiento de Dílar, pues el servicio no se prestó en las condiciones firmadas en el contrato. El alcalde “miró hacia otro lado” y “consintió” esta situación, a pesar de las advertencias que trasladó al pleno el Grupo Socialista.

Ha señalado también que, al prestar el servicio con solo un trabajador, se estaba poniendo en peligro la seguridad de este y de los vecinos y vecinas ante cualquier incidencia en el vehículo de recogida de basura, además de perjudicar el empleo en el municipio.

Aureliano Martín ha resaltado, además, que el decreto de Alcaldía de este año, una vez que la investigación contable por parte del Tribunal de Cuentas ya estaba en marcha, supone el reconocimiento de los hechos denunciados, al admitir que se estaba incumpliendo el contrato.

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