La Junta continúa su privatización y adjudica las pruebas diagnósticas a empresas sanitarias privados por 62,5 millones de euros, entre otras, a la del viceconsejero de Salud
Prieto califica de “escandaloso” que una de las empresas hospitalarias privadas beneficiadas sea la del actual viceconsejero de Salud, el motrileño Nicolás Navarro y pide explicaciones
El PSOE de Granada ha denunciado que la Junta siga con su modelo privatizador en la sanidad después de que Moreno Bonilla haya adjudicado un macrocontrato de 62,5 millones a centros privados para realizar pruebas diagnósticas, mientras los hospitales públicos de Granada padecen falta de profesionales y recursos insuficientes, y una de ellas sea de la que procede el actual viceconsejero de Salud.
La parlamentaria socialista, Mª Ángeles Prieto, ha criticado que en lugar de fortalecer la sanidad pública en la provincia la Junta consolide un modelo que convierte las listas de espera en un negocio para empresas sanitarias privadas y obligue a muchos granadinos a desplazarse fuera de su provincia para recibir una atención que debería prestarse desde el propio sistema público
A su juicio, si hay 62,5 millones de euros para pagar pruebas diagnósticas a la privada, también hay presupuesto para contratar más radiólogos, técnicos, personal sanitario y ampliar horarios de tarde en los hospitales públicos de Granada para que realicen las pruebas diagnósticas.
Es evidente, ha añadido, que el modelo del PP es usar las listas de espera como justificación para derivar pacientes a la privada, a pesar de que esas listas son consecuencia de una falta de inversión suficiente en recursos propios.
Para la socialista quizá ese sea el motivo por el cuál la Junta no publica las listas de espera diagnósticas desde 2019, fecha en la que llegó Moreno Bonilla al gobierno andaluz. Las tiene escondidas, a pesar de que hay retrasos muy graves en pruebas relacionadas con enfermedades graves.
“No solo es una falta de transparencia sino que resulta imposible conocer si esta externalización masiva está dando resultados o simplemente supone una transferencia de fondos públicos al negocio sanitario privado”, ha argumentado.
Además, Prieto ha explicado que esta adjudicación realizada en el mes de junio, y recogida por un periódico digital, contempla empresas de Córdoba y Murcia, lo que significa que pacientes de Granada se verán obligados a realizar muchos kilómetros incluso fuera de Andalucía para realizarse pruebas diagnósticas. Un hecho que ha calificado como “increíble”.
“Esto supone también más costes, más dificultades y más molestias, especialmente para las personas mayores, pacientes oncológicos o para quienes viven en los pueblos”, ha dicho.
Por otra parte, la también responsable de Sanidad del PSOE andaluz, ha apuntado a que además de pruebas diagnósticas también se privatizan informes y valoraciones médicas asociadas a ellas. Es decir, una parte del proceso asistencial como es la decisión clínica y diágnostica que tradicionalmente está dentro del sistema sanitario público.
Viceconsejero de Salud
Por último, Mª Ángeles Prieto ha cuestionado que una de las empresas hospitalarias privadas beneficiarias de Asisa sea de la que procede el actual viceconsejero de Salud, el motrileño Nicolás Navarro, de la cual es médico en excedencia por cargo público. Una situación que no extingue la relación laboral.
“Este hecho es escandaloso” por lo que ha instado a la Junta a que aclare si ha participado el viceconsejero en este contrato. “La ciudadanía tiene derecho a saber si una empresa vinculada a este alto cargo político recibe una adjudicación millonaria”, ha mantenido