Más de 18.000 agricultores granadinos podrán mejorar sus ingresos gracias al decreto de venta directa de la Junta
El parlamentario Miguel Castellano destaca que la medida asegurará la pervivencia de variedades agrícolas tradicionales y ecológicas
Más de 18.000 pequeños agricultores y recolectores de la provincia podrán acogerse al decreto aprobado por el Gobierno andaluz que regula la venta directa de 22 tipos de productos agrarios y forestales, una medida que mejorará su renta al eliminar los costes de los intermediarios, pero que también garantiza la pervivencia de variedades agrícolas y ganaderas tradicionales y ecológicas.
Así lo ha destacado en rueda de prensa el parlamentario andaluz del PSOE Miguel Castellano, quien ha subrayado la importancia de esta iniciativa “pionera” de la Junta en defensa de un sector históricamente perjudicado por el sistema de la gran distribución y que podrá ahora comercializar sus productos con todas las garantías de seguridad y de calidad alimentaria.
Entre las 22 categorías de productos que cubre la medida se encuentran, ha precisado el diputado autonómico, los espárragos silvestres, castañas, plantas aromáticas, piñones y setas silvestres recolectadas, pero también productos agroganaderos como los hortofrutícolas, patatas, cereales, además de la miel, los caracoles de granja, los huevos o la jalea real, entre otros.
En esta línea, Castellano ha valorado la incidencia de la venta directa en zonas como la Vega de Granada, la Alpujarra o el Valle de Lecrín, entre otras, con la existencia de pequeñas explotaciones y sistemas de cultivo minoristas, que verán asegurada su rentabilidad.
El decreto introduce una regulación de esta actividad, que no existía, y significará también un importante impulso a la agricultura ecológica, que ha experimentado un desarrollo espectacular en los últimos años, y que ésta se canalice a través de mercados locales o puntos de venta directa en las comarcas, ha explicado Castellano.
El parlamentario del PSOE ha indicado que los productores o recolectores habrán de inscribirse en las delegaciones territoriales de la Consejería de Agricultura de cada provincia y, una vez obtenida la autorización, tendrán derecho a una comercialización máxima, que dependerá del tipo de producto.
“Se trata de proporcionar seguridad jurídica y cobertura legal, mejorar la viabilidad económica de las explotaciones y garantizar al consumidor el acceso a productos ecológicos y de calidad que normalmente no se encuentran en los canales convencionales”, ha concluido.